"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El CERMI reclama a Hacienda que renuncie a cualquier intento de gravar las pensiones de incapacidad de la Seguridad Social
11/01/2014
El CERMI ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Tributos, un amplio informe en el que se argumenta la negativa a gravar fiscalmente las pensiones de incapacidad laboral de Seguridad Social que ahora están exentas de tributar en el Impuesto de la Renta. El CERMI exige que esta cuestión no figure en la propuesta de reforma fiscal que el Gobierno presentará en este año 2014, y que se mantenga a todos los efectos el régimen de exención vigente para este tipo de prestaciones de la Seguridad Social.
En dicho informe se señala que las pensiones de incapacidad laboral derivan de lesiones o dolencias graves y llevan aparejada una discapacidad con gran necesidad de apoyos para la autonomía personal. Los criterios que utilizan los equipos de valoración de las incapacidades de la Seguridad Social son extraordinariamente estrictos y muy frecuentemente se producen revisiones del grado de incapacidad de oficio, que terminan con rebajas en la valoración, y por tanto con reducciones o pérdida de prestaciones.
Obtener el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente en grado de absoluta o de “gran invalidez” (terminología oficial) no es nada fácil en España y no existen niveles de fraude que induzcan justificadamente a cambiar el régimen fiscal aplicable en la actualidad.
Las personas con una incapacidad permanente absoluta incurren en un nivel de gastos muy superior precisamente como consecuencia de su discapacidad sobrevenida. Toda la información social y económica disponible señala el sobrecoste enorme al que se enfrentan las personas con discapacidad por razón de su situación, que no puede verse incrementado con nuevos gravámenes fiscales.
Tras la crisis
Además, si se vincula esta cuestión con la protección de servicios sociales, es notorio que las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se han reducido en gran medida y, en muchos casos, suspendido, sin que existan perspectivas de que se recuperen a corto y medio plazo los niveles anteriores a la crisis económica y financiera.
Por ello, junto a un mayor nivel de gasto se ha producido una reducción de las ayudas públicas que venían a compensar en alguna medida esos mayores desembolsos a los que se ven abocadas las personas con discapacidad sobrevenida, que no les permite continuar con su actividad laboral.
Todos estos motivos desaconsejan absolutamente pensar en establecer nuevos gravámenes fiscales para personas que reciben una pensión como consecuencia de procesos de discapacidad muy intensos.
En su informe a Hacienda, el CERMI exige que esta cuestión no figure en la propuesta de reforma fiscal que el Gobierno presentará en este año 2014, y que se mantenga a todos los efectos el régimen de exención vigente para este tipo de prestaciones de la Seguridad Social.
