Así lo manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, recogida por Servimedia, en la que indicó que en "los PGE se pueden adoptar muchas medidas” y advirtió de que, tanto el movimiento de la discapacidad en particular, como el tercer sector de acción social en general, desarrollarán un trabajo de “incidencia política y crítica constructiva” para avanzar en esta línea.

 

“En el movimiento de la discapacidad somos siempre resilientes y confiados en que podemos cambiar las cosas, porque si no, hubiéramos abandonado hace mucho tiempo”, señaló Pérez Bueno, quien, eso sí, insistió en denunciar la falta de consenso en el bloque de política social.

 

Alertó de que esto incrementa el sentimiento de “lejanía” y “desapego” que siente la población hacia las instituciones porque se ha hecho “un flaco favor a la ciudadanía más maltratada” y porque, en su opinión, pese a que la Constitución define al Estado español como “social, democrático y de derecho”, el primer adjetivo “sigue sin ser el más desarrollado en estos 40 años de vida democrática”.

 

 

“No pensaba que esto pudiera ocurrir. No se me pasó por la cabeza que el Parlamento enmudeciera ante el clamor social existente, pues si miramos lo que se ha puesto como coartada para no llegar a un acuerdo, no son cosas como para no alcanzar un consenso de mínimos”, criticó el presidente del CERMI.

 

Pese a que las conclusiones en materia social de la comisión de reconstrucción no han sido aprobadas, el responsable del CERMI insistió en demandas como la necesidad de crear un fondo de rescate de emergencia de 225 millones para el sector de la discapacidad, ya que, en España, “la mayoría de servicios que reciben las personas con discapacidad, aunque sean públicos, son prestados por la sociedad civil organizada, y las organizaciones de la discapacidad han sufrido mucho con la crisis económica de 2008, de la que no llegaron a recuperarse, y ahora viene esta crisis atroz”.

 

Por otra parte, instó a replantear el modelo de residencias de personas mayores y con discapacidad, apostando por fórmulas de vida inclusiva e impulsando la asistencia personal para recibir apoyos en las acciones de la vida cotidiana que necesite la persona y que “no se tenga que ver forzada, si no lo desea, por falta de alternativas, a abandonar su entorno”. Para ello, pidió también recursos para garantizar la accesibilidad universal de viviendas.

 

Pérez Bueno destacó también que se necesitan recursos suficientes para que se puedan reactivar y reconfigurar los servicios sobre discapacidad “que se han visto interrumpidos o cancelados por la pandemia”, al tiempo que expresó su preocupación por los efectos que el coronavirus pueda tener en el empleo de las personas con discapacidad, un “bien básico” que, a su juicio, “ya era lejano” para esta parte de la ciudadanía antes de la pandemia.

 

En este punto, recordó que un reciente estudio de Fundación ONCE alertó de que en torno al 60% de las personas con discapacidad que tienen trabajo tienen miedo a perder su puesto por las consecuencias de la crisis.