En una misiva remitida a la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, la plataforma representativa de la discapacidad en España lamenta que la legislación europea permita la existencia de estaciones de servicio desatendidas, que ponen trabas al derecho al libre movimiento de las personas con discapacidad, ya que no existe personal que pueda prestar apoyo y asistencia a estos conductores. Para abordar este asunto, la entidad solicita una reunión a la comisaria, a fin de exponer la situación en la que se encuentra el sector social de la discapacidad.

 

Ante la creciente extensión en España de este nuevo modelo de gasolineras, al amparo de una legislación europea que es contraria a los tratados internacionales defensores de la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, como es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, el CERMI solicita una regulación comunitaria que obligue a que las estaciones de servicio de carburantes de todos los Estados miembro cuenten con personal de atención al público de modo permanente, y que este tenga obligación de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad que repostan en estos puntos. En todo caso, la entidad exige que, al menos, se deje en los Estados, sin prohibiciones o imposiciones de la Unión Europea, la decisión de que se permitan o no este tipo de estaciones de servicio.

 

A juicio del CERMI, exigir la presencia permanente de personal, mientras estén abiertas al público, que atienda en las tareas de repostaje no contraviene la normativa europea de mercado interior, sino que, más bien, es una exigencia de la propia normativa europea que obliga a los proveedores de bienes, productos y servicios a disposición del público a realizar ajustes razonables para impedir discriminaciones y exclusiones por razón de discapacidad.

 

La entidad recuerda que la Comisión Europea tiene abiertos procedimientos de infracción contra varios gobiernos autonómicos españoles, instándoles a revocar la regulación protectora de las personas con discapacidad en esta materia, lo que está causando gran alarma y frustración en las personas con discapacidad de España. Por ello, el CERMI pide a la comisaria que esos procedimientos se paralicen, hasta tanto se cambie la legislación europea insensible a nuestros derechos.

 

Por último, el CERMI advierte de que la ‘Europa social’ en la que creemos no puede permitirse que una parte muy importante de su ciudadanía quede privada del principio de la libre circulación de personas como consecuencia de una normativa que abandona a las personas con discapacidad  y no protege sus derechos, y solo ofrece protección a modelos de negocio codiciosos y predadores, que olvidan que cualquier actividad económica está al servicio de la persona y debe respetar su dignidad y derechos.