Las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo algunos, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de interés público sanitario el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19.

 

Ahora mismo, el régimen en las Comunidades Autónomas, es de absoluta disparidad; en unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia.

 

En una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad. Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es además de profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno.

 

El movimiento CERMI exige al Estado y a las Comunidades Autónomas que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten con urgencia sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas del COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.