Como miembros activos y reivindicativos de la comunidad educativa, la discapacidad organizada desea participar y ser parte del gran pacto de estado social y político por la educación que el Congreso de los Diputados ha acordado impulsar, para lo cual ha creado la correspondiente Subcomisión temática dentro del seno de la Comisión de Educación y Deporte.

 

Entre los asuntos prioritarios para el movimiento social de derechos humanos está el de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, que hoy tras cuarenta años de vida democrática aún no han logrado el acceso en condiciones de igualdad a este derecho fundamental, soportando discriminaciones, segregaciones y exclusiones sistemáticas y permanentes.

 

La agenda de la discapacidad en materia educativa es amplia y en gran medida está pendiente, con mandatos internaciones de derechos humanos, dimanantes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en especial, su artículo 24), como la educación en entornos inclusivos no segregados, con apoyos reales y efectivos, desatendidos o ignorados.

 

Necesariamente las personas con discapacidad y sus familias hemos de estar incluidas en el pacto cuya negociación política y social ahora comienza, por lo que el CERMI ha solicitado a los grupos parlamentarios que tengan presente y pidan la comparecencia de la representación global de la discapacidad ante esa Subcomisión, para poder exponer las demandas, necesidades y propuesta del sector social de la discapacidad, y que finalmente sean consideradas en el documento de conclusiones que emane de la Subcomisión.