A juicio del CERMI, que viene planteándolo desde hace mucho tiempo, la precaria situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, las vulneraciones permanentes y estructurales que se siguen produciendo, y el deber de cumplir los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen más necesario que nunca la creación de esta unidad especializada en la estructura del Ministerio Fiscal.

 

El Ministerio Fiscal ha de desempeñar un papel preponderante, dentro de la Administración de Justicia, en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, para lo que debe dotarse de medios y recursos suficientes, de los que ahora adolece, y también de nuevas instancias como la fiscalía especializada que asuma con vigor estas tareas.

 

La creación de esta fiscalía temática debería venir acompañada de la existencia de fiscalías especializadas en todos los tribunales y las demarcaciones territoriales del Ministerio Fiscal que lo aconsejen tanto por el volumen de asuntos como por la población y la situación de los derechos de las personas con discapacidad de esa área.