El horizonte de la movilidad sostenible, al que vamos como sociedad, es compartido por el movimiento de la discapacidad, sin ambages, pero esta sostenibilidad ha de ser también social, la que incluye y respeta a todas las personas, comprendidas las que presentan una discapacidad, no puede hacerse a su costa o ignorándolas.

 

El CERMI alerta de casos como los de la movilidad eléctrica. Aparte de ser, por el momento, más caros, para economías como las de las personas con discapacidad, con menor capacidad de renta, los vehículos eléctricos que proporciona hasta ahora el mercado, ofrecen por sus características técnicas muchas menos posibilidades de ser transformados para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida. Impedirían su utilización para este tipo de usuarios, excluyéndolos de esta movilidad, resintiendo gravemente su derecho a la libre circulación.

 

Los gobiernos han de vigilar y orientar el mercado de la movilidad sostenible para que el avance que supone en términos medioambientales lo sea también en términos sociales y de inclusión, y no suponga sacrificio para las cotas de movilidad alcanzadas por las personas con discapacidad en el presente.