Ante el debate sobre el nuevo marco de sostenibilidad territorial – Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales- que debe abrirse en las próximas semanas, el sector de la discapacidad exige que lo social no quede al margen y en posición subalterna, como ha ocurrido históricamente cuando se habla de financiación territorial, en la que esta cuestión apenas ha tenido relevancia.

 

El CERMI no solo demanda un incremento sustancial de cuantías para lo social, que pongan a España en el rango de inversión y gasto adecuados a un autoproclamado Estado social, como reza nuestra Constitución, sino que estos fondos, sobre todo los que procedan de transferencias del Estado a los poderes territoriales, tengan carácter finalista, es decir, estén vinculados a satisfacer necesidades sociales, sin posibilidad de aplicarlos a objetivos distintos, como ocurre ahora, en que no existe blindaje.

 

Ante el proceso de debate del nuevo acuerdo de financiación territorial, desde el sector de la discapacidad se desplegará una tarea intensa de incidencia en las partes negociadoras para que las cuestiones sociales estén presentes y terminen materializándose en los pactos definitivos que se alcancen.