Así, el CERMI señala que, a pesar de que en 2015, teóricamente, se debió culminar la implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tras más de 12 años de despliegue, la realidad es que este esquema de protección social está muy lejos de las expectativas de atención y apoyo que cientos de miles de personas mayores y con discapacidad, y sus familias, depositaron en él, por lo que es necesario su replanteamiento a través de un pacto de Estado que permita culminarlo y reorientarlo.

 

Entre las medidas concretas que plantea la entidad destaca la de reforzar la figura del asistente personal; favorecer el envejecimiento activo; conceder automáticamente un grado de discapacidad de al menos  el 33% a todas las personas a las que se reconozca una situación de dependencia, y la modificación de los criterios actuales de copago en materia de dependencia, en línea con la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el CERMI en 2015, que recabó el apoyo de casi 750.000 personas. Pese a este respaldo popular y a que se trata de la primera ILP de temática social que ha superado el medio millón de firmas, el texto todavía no ha sido debatido en el Parlamento.

 

 

En el apartado de atención sanitaria, el CERMI reclama para la próxima legislatura revertir los retrocesos y pérdidas objetivas de derechos producidos con la reforma sanitaria del año 2012, estableciendo un derecho universal a la protección de la salud. 

 

Asimismo, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide la regulación legal de los derechos de los pacientes con enfermedades crónicas; avanzar hacia la creación de un espacio sociosanitario común; ampliar la reciente reforma del catálogo de prestaciones ortoprotésicas, y promover una atención específica e integral a la salud de las personas con discapacidad, considerando sus necesidades específicas e impulsando la prevención de posibles alteraciones o deterioro.

 

Por otro lado, plantea la necesidad de aprobar un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, acorde con el modelo social de la discapacidad, que incorpore al sistema los principios, valores, mandatos y parámetros de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. 

 

En este sentido, reclama reconocer la sordoceguera como una discapacidad específica y realizar una operación estadística por parte del INE para actualizar la información disponible sobre personas con discapacidad en España.

 

 

La entidad también solicita una reforma de la legislación de Seguridad Social para elevar sustancialmente las prestaciones familiares del sistema; la equiparación de las cuantías de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social con la pensión mínima contributiva; ampliar a los funcionarios públicos con discapacidad las ventajas sociales en materia de jubilación anticipada existentes en el régimen de Seguridad Social general, y la aprobación de una norma de rango legal de protección y atención integrales a las víctimas de accidentes de tráfico.

 

Por último, el CERMI pide fortalecer el papel del tercer sector de acción social; volver a crear una Comisión de Discapacidad con carácter permanente y legislativo, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado; reforzar la protección fiscal de la que disfrutan las personas con discapacidad para compensar el sobrecoste que supone la discapacidad; desarrollar una estrategia nacional de inclusión en el entorno rural, y apostar por el impulso de la igualdad en el acceso a la cultura, al ocio y al deporte. 

 

Así, una de las propuestas concretas del CERMI es destinar el 1% del presupuesto anual a cultura para favorecer la accesibilidad en este ámbito.

 

El CERMI reclama a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del 10 de noviembre que, en la próxima legislatura, se alcance un pacto de Estado en materia de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia Para replantear la ley de 2006 que regula este sistema de apoyos.

 

Así, el CERMI señala que, a pesar de que en 2015, teóricamente, se debió culminar la implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tras más de 12 años de despliegue, la realidad es que este esquema de protección social está muy lejos de las expectativas de atención y apoyo que cientos de miles de personas mayores y con discapacidad, y sus familias, depositaron en él, por lo que es necesario su replanteamiento a través de un pacto de Estado que permita culminarlo y reorientarlo.

 

Entre las medidas concretas que plantea la entidad destaca la de reforzar la figura del asistente personal; favorecer el envejecimiento activo; conceder automáticamente un grado de discapacidad de al menos  el 33% a todas las personas a las que se reconozca una situación de dependencia, y la modificación de los criterios actuales de copago en materia de dependencia, en línea con la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el CERMI en 2015, que recabó el apoyo de casi 750.000 personas. Pese a este respaldo popular y a que se trata de la primera ILP de temática social que ha superado el medio millón de firmas, el texto todavía no ha sido debatido en el Parlamento.

 

 

En el apartado de atención sanitaria, el CERMI reclama para la próxima legislatura revertir los retrocesos y pérdidas objetivas de derechos producidos con la reforma sanitaria del año 2012, estableciendo un derecho universal a la protección de la salud. 

 

Asimismo, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide la regulación legal de los derechos de los pacientes con enfermedades crónicas; avanzar hacia la creación de un espacio sociosanitario común; ampliar la reciente reforma del catálogo de prestaciones ortoprotésicas, y promover una atención específica e integral a la salud de las personas con discapacidad, considerando sus necesidades específicas e impulsando la prevención de posibles alteraciones o deterioro.

 

Por otro lado, plantea la necesidad de aprobar un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, acorde con el modelo social de la discapacidad, que incorpore al sistema los principios, valores, mandatos y parámetros de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. 

 

En este sentido, reclama reconocer la sordoceguera como una discapacidad específica y realizar una operación estadística por parte del INE para actualizar la información disponible sobre personas con discapacidad en España.

 

 

La entidad también solicita una reforma de la legislación de Seguridad Social para elevar sustancialmente las prestaciones familiares del sistema; la equiparación de las cuantías de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social con la pensión mínima contributiva; ampliar a los funcionarios públicos con discapacidad las ventajas sociales en materia de jubilación anticipada existentes en el régimen de Seguridad Social general, y la aprobación de una norma de rango legal de protección y atención integrales a las víctimas de accidentes de tráfico.

 

Por último, el CERMI pide fortalecer el papel del tercer sector de acción social; volver a crear una Comisión de Discapacidad con carácter permanente y legislativo, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado; reforzar la protección fiscal de la que disfrutan las personas con discapacidad para compensar el sobrecoste que supone la discapacidad; desarrollar una estrategia nacional de inclusión en el entorno rural, y apostar por el impulso de la igualdad en el acceso a la cultura, al ocio y al deporte. 

 

Así, una de las propuestas concretas del CERMI es destinar el 1% del presupuesto anual a cultura para favorecer la accesibilidad en este ámbito.