Como explica el CERMI, “planteamos a las fuerzas políticas un gran pacto de Estado, con el respaldo de una amplia base social, que redefina lo que debería ser un auténtico y efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas que precisan apoyos intensos para su autonomía personal”.

 

 

A juicio del Comité, el modelo refundado debería insertarse dentro de la Seguridad Social, para así garantizar la igualdad y la equidad territoriales y lograr la mayor perfección del derecho subjetivo a la protección social. Y asimismo, también debería contar con una financiación suficiente asegurada, sin copagos, para su correcto y rápido despliegue, lo que posibilitaría la atención inmediata de todas las personas en situación objetiva de necesidad de apoyos. Una situación, en definitiva, que contrastaría con la realidad actual, en la que cerca de una tercera parte de las personas con prestación reconocida no la están recibiendo.

 

Es más, como indica el CERMI, “otro de los aspectos que tendría que reformularse es el abandono de las concepciones pasivas de atención a la dependencia, con escasas, anticuadas y rígidas prestaciones y sin libre elección, para orientarlo a la promoción real de la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad”.

 

Por todo ello, el Comité emplaza a las fuerzas políticas, los agentes sociales y demás grupos de interés a un gran debate para reconfigurar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, “un mecanismo de protección social que está muy lejos de alcanzar el potencial requerido”.