Como recuerda el CERMI, “las universidades públicas, como cualquier otra instancia o estructura perteneciente a la Administración, tienen la obligación de que el 2% de sus efectivos totales sean personas con discapacidad, para lo cual deberán reservar un 7% de plazas en las convocatorias de acceso al empleo público que realicen”.

 

 

Las particularidades de los procesos selectivos en las universidades provocan que las referidas previsiones de reserva encuentran grandes dificultades para su cumplimiento, muy especialmente entre el personal docente e investigador, por lo que se hace necesario el establecimiento de medidas de acción positiva por parte de cada universidad que posibiliten que estos mandatos de inclusión laboral se hagan finalmente realidad.

 

Por ello, explica el CERMI, “desde el Comité hemos propuesto a todas las universidades públicas que se doten de un reglamento interno que disponga medidas de acción positiva que aseguren el cumplimiento de la cuota entre el personal docente e investigador, y que establezca los apoyos, recursos y ajustes precisos que tendrían a su disposición para el buen desempeño de sus funciones y tareas”.

 

En este contexto, cabe destacar que algunas instituciones universitarias como la Universidad de Oviedo y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ya han adoptado reglamentos propios en esta materia. Sin embargo, como concluye el Comité, “la inmensa mayoría aún están lejos de ser activas en la garantía de la inclusión laboral”.