Hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionado en un 80% por las comunidades autónomas y en un 20% por el Estado. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha comunicado en una reunión a los representantes de la PTS que las entidades estatales podrán gestionar en adelante solo el 14% de lo recaudado en el IRPF. “Esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan”, explica el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

 

En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, la secretaría de Estado ha informado de que la distribución de los recursos se verá también modificada y las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación en este caso en casi un 23%, ya que esta cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales. En este sentido, la PTS ha defendido la recuperación de medios económicos para las organizaciones de cooperación y medio ambiente “injustamente” recortada en los últimos años, pero con cargo a otros mecanismos de financiación.

 

 

Por otro lado, la publicación semanal del CERMI incluye un artículo de opinión del presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, Álvaro García Bilbao, en el que reclama una “apuesta política decidida y firme” para evitar la brecha digital que sufren las personas con discapacidad y mayores por las carencias de accesibilidad universal de las nuevas tecnologías y para que los avances en inteligencia artificial tengan en cuenta a esta parte de la ciudadanía.

 

García Bilbao destaca la importancia de las nuevas tecnologías durante el confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus, dado que han permitido que se puedan paliar algunas situaciones de soledad o que se puedan recibir apoyos psicológicos y para la vida independiente gracias a las videollamadas. “Incorporar la videocomunicación accesible como un derecho a ser recogido en nuevos protocolos sanitarios o residenciales podría ser un hecho a tener en consideración en futuras propuestas”, profundiza este experto.

 

En esta línea, pone en valor el trabajo del tejido asociativo de la discapacidad para que se hayan podido ir solventando algunos problemas de accesibilidad al que se han enfrentado personas con discapacidad y mayores durante la crisis sanitaria. Además, insiste en la necesidad de que se garantice la accesibilidad de las nuevas tecnologías, puesto que, como recuerda, la discriminación contra estas personas atenta contra la Constitución Española y contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

 

Por otra parte, la publicación incluye una entrevista con el presidente de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández, quien sostiene que “es imprescindible e incuestionable” que la voz de la discapacidad esté presente en la reconstrucción que habrá que afrontar ante los efectos de la pandemia. “Desde febrero hemos pasado a formar parte del Consejo Económico y Social de Cantabria, esto motivará a que se cuente con nosotros”, augura, aunque advierte de que se avecina una “época difícil”.

 

Según Fernández, ya se han mantenido reuniones para diseñar conjuntamente la desescalada, teniendo en cuenta la baja tasa de contagio de COVID-19 en Cantabria. En este sentido, se está barajando la reapertura de los centros de día, cerrados desde el pasado 14 de marzo, pero especifica que todavía no se ha decidido cómo será el proceso de reincorporación: “Si de forma escalonada o alternando la atención presencial y a distancia”. 

 

No obstante, defiende que la prioridad en esta época es “la salud de todas las personas que componen el movimiento asociativo” y “la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pues como hemos visto, ha habido serios intentos de cercenarlos”.

 

 

‘Cermi.es semanal’ incluye también un artículo de opinión del presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, quien aborda el “impacto económico y emocional” de la pandemia en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en sus familias.

 

Así, según se desprende de una encuesta de Plena Inclusión Madrid, el 40% de las familias se han visto económicamente afectadas por la crisis y el 37% ha visto empeorar su situación laboral. Mientras, las complicaciones derivadas de la conciliación y el cuidado familiar han generado, en una de cada tres, sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales.

 

Mariano Casado, quien alaba la labor de las organizaciones de la discapacidad, que han tenido que “reinventarse y modificar de la noche a la mañana su manera de trabajar”, avisa de que “la envergadura social de esta crisis exigirá medidas sociales extraordinarias junto a las políticas de reactivación económica. Es urgente que en la reconstrucción que ha de afrontar nuestra sociedad seamos capaces de poner a las personas primero y reforzar un muy debilitado estado de bienestar”.

 

Finalmente, entre los contenidos de la publicación, además del repaso a la actualidad de los últimos siete días sobre discapacidad y tercer sector de acción social, destaca un reportaje sobre el portal ‘Accessibilitas’, una iniciativa que nace gracias a un convenio suscrito entre Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad.

 

‘Accessibilitas’ (accesibilidad en latín) es una plataforma digital cuyo objetivo es fomentar la generación y difusión del conocimiento en materia de accesibilidad universal.