En la reunión presencial, mantenida en la sede de esta Alta Institución del Estado, el CERMI ha trasladado al Defensor del Pueblo los ámbitos en los que más violaciones de derechos soportan las personas con discapacidad, como el de la falta de un nivel de vida adecuado, la ausencia o graves restricciones a la participación comunitaria, los obstáculos a la vida autónoma e independiente, la educación inclusiva, las cuestiones de género o la accesibilidad universal de todos los entornos, bienes y servicios.

 

Estas esferas críticas, reiteradamente denunciadas por las personas con discapacidad y sus familias, deben ser objeto, a juicio del CERMI, de una especial vigilancia, tarea en la que el Defensor del Pueblo desarrolla un papel muy relevante.

 

Respecto de la agenda política y legislativa de la discapacidad, el CERMI ha compartido con el Defensor del Pueblo los avances producidos en los últimos años, gracias a la función tractora del movimiento social, como la extensión del derecho de voto a todas las personas con discapacidad, la abolición de la esterilización forzosa, la profunda reforma del Derecho civil en materia de capacidad jurídica o la próxima regulación legal de la accesibilidad cognitiva. Asimismo, ha alertado de retrocesos, contarios a la visión de derechos humanos, como la reciente normativa sobre eutanasia, que en determinados aspectos es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Finalmente, el CERMI y el Defensor del Pueblo se han emplazado a intensificar su colaboración institucional para ser más efectivos en la toma de conciencia y en protección de los derechos de las personas con discapacidad.