El CERMI fue la primera entidad que planteó al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, esta medida, y aunque la demanda original era más amplia –tanto en beneficiarios como en periodo de vigencia- que la finalmente aprobada, la considera un avance muy positivo, que facilitará la adquisición de productos de protección personal a las administraciones, a los centros y clínicas hospitalarias y a las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

 

La lógica de esta decisión gubernamental es clara y está fuera de toda discusión, al favorecer la compra de materiales de protección, que resultarán más asequibles al no tener que tributar por el tipo del 21% de IVA, cuando los adquirentes sean administraciones públicas, centros hospitalarios y entidades sociales.

 

El CERMI agradece al Ministerio de Hacienda la receptividad a sus propuestas y la respuesta positiva a las mismas y espera que la medida puede extenderse tanto en el tiempo como en el universo de beneficiarios cuando la norma con fuerza legal se lleve a convalidación del Congreso de los Diputados, para la que pedirá su tramitación como proyecto de Ley, susceptible de modificación mediante enmiendas.