Aunque las personas con discapacidad y sus familias, ya figuraban en una posición más reforzada en el bono social eléctrico aprobado en 2017, con las medidas adoptadas hoy por el Gobierno la protección contra la pobreza energética da un paso más al prohibir el nuevo Real Decreto-ley el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, así como a las viviendas donde resida al menos una persona con un grado de discapacidad del 33 % o superior. De igual modo, se aplicará cuando resida en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. 

 

Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban recogidas en la anterior regulación del bono.

 

Para el CERMI, también es positiva desde un punto de vista social la creación de un nuevo bono social térmico, aplicable a los combustibles de calefacción, al que también se podrán acoger las personas con discapacidad en los mismos términos que para el bono social eléctrico, ambos acumulables.

 

La mejora de la protección social de las personas con discapacidad y sus familias obedece a propuestas del CERMI que en el marco del diálogo previo mantenido con la Plataforma del Tercer Sector, ha participado en las conversaciones con el ministerio para la Transición Ecológica preparatorias de este Real Decreto-ley.