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El CERMI traslada al Gobierno sus demandas para reducir el impacto de los desahucios en las personas con discapacidad y sus familias

15/11/2012

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha trasladado, a través de una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las demandas del sector en relación con las medidas normativas anunciadas en sede parlamentaria para reducir el impacto de los desahucios en los grupos de población en riesgo de exclusión social.

En este sentido, el CERMI plantea en su escrito al Gobierno que, a la hora de definir esa serie de medidas que está elaborando, tenga en cuenta las situaciones de discapacidad y dependencia que se den en las unidades familiares.

Según el CERMI, la discapacidad y la dependencia deben ser consideradas “situaciones prioritarias de atención”, debido a la exclusión social que comportan estas personas y sus familias.

Por ello, la propuesta del CERMI consiste en que las situaciones de discapacidad y dependencia, oficialmente reconocidas en el seno de la unidad familiar de convivencia, gocen de consideración especial respecto de la determinación de la situación de exclusión social, necesaria para acogerse a medidas para minimizar el impacto de los lanzamientos en procesos de desahucios.

Así, plantea que los umbrales mínimos de renta familiar aplicables para beneficiarse de estas medidas se incrementen un 30% por cada miembro con discapacidad o en situación de dependencia, siempre que estén oficialmente reconocidas, integrado en la unidad familiar de convivencia.

En esta línea, el CERMI explica en su escrito que las personas con discapacidad y sus familias son un grupo social de vulnerabilidad extrema, que supone el 9% de la población española, el cual, además de tener menos ingresos, por sus dificultades estructurales a la hora de acceder al mercado de trabajo y sus mayores tasas de pobreza, soportan más gastos por el sobresfuerzo que supone, para la persona y la familia en la que se integra, hacer frente al mayor coste de la vida por motivo de discapacidad.

Según un reciente informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Universidad Carlos III, se determina que ese sobrecoste por razón de discapacidad está entre un 30 y 40% más, en función del tipo de discapacidad.

En este sentido, ante las medidas de reducción de impacto de los desahucios, el CERMI explica que las viviendas se encarecen para las personas con discapacidad, hasta el punto de que, en muchísimas ocasiones, tienen que adquirir viviendas más onerosas, ya que han de reunir los requisitos de accesibilidad, o efectuar obras o actuaciones adicionales para alcanzarlos.

Asimismo, el CERMI apunta que las demandas que plantea responden a medidas de acción positiva, que tienen tradición en el ordenamiento jurídico español, como, por ejemplo, en la legislación fiscal (impuesto de la renta) o en la regulación de becas y ayudas al estudio, por lo que, para el Comité, “no habría dificultad en admitirlas”.

Por otra parte, continúa, desde el punto de vista constitucional, y como fundamentación política, el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a adoptar iniciativas que favorezcan el acceso a los derechos de las personas con discapacidad.