Así se expresó el asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, durante su intervención en la jornada ‘Propiedad horizontal, accesibilidad universal y personas con discapacidad’, organizada por las Secciones de Discapacidad y Urbanismo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La apertura del webinario corrió a cargo de la copresidenta de la Sección de Urbanismo del ICAM, Ester Mocholí, y del presidente de la Sección de Discapacidad del ICAM, Rafael de Lorenzo.

 

Esta jornada coincide con la reciente admisión a trámite en la Asamblea de la Comunidad de Madrid de una propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que, si la Cámara autonómica da finalmente luz verde al texto, se eleve al Congreso de los Diputados para ser tramitada como cualquier otra proposición de ley. La propuesta ha sido planteada por el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea regional, haciéndose eco de una demanda del CERMI Estatal y CERMI Comunidad de Madrid.

 

Óscar Moral repasó los diferentes “retoques” que ha ido sufriendo la Ley de Propiedad Horizontal durante sus seis décadas de historia, especialmente desde 2011, cuando sí se han introducido avances importantes en materia de accesibilidad, aunque “claramente insuficientes”.

 

Y es que, como explicó Óscar Moral, pese a las modificaciones, la norma vigente mantiene límites de coste a partir de los cuales las comunidades de propietarios pueden negarse a acometer reformas, aunque sean necesarias para que las personas con discapacidad o mayores puedan salir y entrar libremente de sus casas.

 

Este experto denunció que en torno a 100.000 personas con discapacidad “están confinadas en sus casas”, aunque “lógicamente el número de viviendas inaccesibles es mucho mayor”. A su juicio, esta situación fuerza que haya personas “que no puedan mantenerse en sus domicilios”, algo para lo que ve positivo que ya se pueda utilizar espacio de la vía pública para implementar soluciones de accesibilidad en las fincas que no tienen espacio, “algo que antes era impensable”.

 

“A pesar de los avances de cambio de percepción social de la discapacidad, que son evidentes en cualquier ciudad con mejoras progresivas en el transporte público, todavía insuficientes, en algo tan íntimo como la vivienda, donde nos sentimos cómodos y se desarrolla nuestra actividad familiar, hay muchas personas que siguen sin poder tener una vivienda digna. Y tener una vivienda digna incluye también poder entrar y salir”, apuntó el también presidente de CERMI Comunidad de Madrid.

 

Moral criticó que la accesibilidad no sea causa de reforma “obligatoria, como sí sucede con otras reformas que se deben acometer en los edificios de viviendas”. En su opinión, esto hace que “cuando las obras alcanzan un determinado coste, se desemboque en dos situaciones: la persona afectada se conforma y si no es así, se inicia un largo periplo judicial, produciéndose una confrontación. Ni en una situación ni en otra la persona puede vivir a gusto”.

 

Además de esta reforma legal, el asesor jurídico del CERMI llamó a implementar planes de impulso de la accesibilidad en viviendas y proporcionar más ayudas públicas. “Hablamos de un tema de derechos humanos, pues es algo que afecta a la posibilidad de decidir dónde quiere vivir una persona”, agregó este experto, quien advirtió de que la situación actual vulnera la Convención Internacional de la Discapacidad.

 

Fuente: Servimedia