Dichas normas se modifican mediante una ley orgánica que concluye este jueves su tramitación parlamentaria y que adapta los textos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial a dos directivas.

 

En concreto, esta normativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a una directiva de 2010 que alude al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, y también la del Poder Judicial, con el fin de sincronizarla con otra directiva, de 2012, sobre el derecho a la información en los procesos penales.

 

Las propuestas hechas por el CERMI a la modificación de estas dos leyes pretendían garantizar, tal y como recordó este jueves a Servimedia su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, los derechos de los ciudadanos sordos y sordociegos en los procesos penales mediante las herramientas que precisen, es decir, intérpretes de lengua de signos u otros apoyos a la comunicación oral.

 

Pérez señaló que el texto original de la ley orgánica que se aprueba este jueves y que modifica las otras dos tenía en cuenta a los ciudadanos extranjeros, pero no a los que viven con discapacidad, a la hora de pensar en servicios de interpretación o apoyo en los procesos penales.

 

Por este motivo, el CERMI consensuó una serie de propuestas de mejora con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) y se las trasladó a los grupos parlamentarios con el propósito de que las incluyeran en el texto final, como así ha sucedido.

 

Estas propuestas, explicó el presidente del CERMI, iban en la línea de lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 13 alude al derecho de acceso a la justicia por parte de estos ciudadanos.

 

El artículo en cuestión señala en su apartado primero que "los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares".

 

Como el CERMI, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) agradeció este jueves en el debate final de la ley y en boca de su diputado Jordi Llané "la sensibilidad" del PP al haber aceptado estas propuestas y recoger así los derechos de las personas sordas y sordociegas en los procesos judiciales.