"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
Ha sido aprobada esta semana por el Parlament de Catalunya
El COCARMI reclama dotación presupuestaria para la Ley de Accesibilidad
Es un gran adelanto con respecto a la anterior normativa porque contempla todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad
16/10/2014
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal defensor de la discapacidad en Catalunya, considera que la Ley de Accesibilidad aprobada por el Parlament es un adelanto porque recoge las propuestas de las entidades del sector de la discapacidad. No obstante, advierte de que el texto no va acompañado de una memoria económica, de modo que su despliegue concreto puede registrar dificultades.
La norma regula las necesidades de las personas con discapacidad teniendo en cuenta todos los ámbitos de intervención y considerando al colectivo en su totalidad. “Esperamos que sea una oportunidad en el camino hacia la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad, más de 500.000 en Catalunya”, asegura el Comité catalán.
La norma, en la cual se ha trabajado durante años y que ha contado con importantes aportaciones tanto del COCARMI como de las entidades que lo integran, tiene que ser el instrumento que, con medidas de accesibilidad a la comunicación, garantice la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
El Comité valora muy positivamente el hecho de que la ley va más allá que la anterior normativa sobre accesibilidad, que se limitaba a regular la supresión de barreras arquitectónicas. La nueva ley contempla también la accesibilidad en la comunicación, de forma que contribuye a suprimir las barreras que sufren las personas con discapacidad sensorial.
Dificultades económicas y otras carencias
No obstante, el COCARMI advierte de que el texto no va acompañado de una memoria económica, tal como reclamaba el colectivo, de modo que su despliegue concreto puede registrar dificultades. “Tenemos suficientes experiencias negativas sobre elaboración de leyes sin dotación presupuestaria, y el hecho de disponer de un régimen de sanciones podría ofrecer la oportunidad de dedicar los recursos recaudados por este concepto a la financiación de su despliegue. Pero ello, sólo será posible según cómo se desarrolle reglamentariamente”, afirma a este respecto.
Por otro lado, la ley tampoco contempla la creación de un "Observatorio" que vele por dicho desarrollo reglamentario, que tendría que estar a punto en un año, para su aplicación. “Todos sabemos que sin un mandato reglamentario y un control posterior, el cumplimiento voluntario de una norma es cuestionable, a la luz de cómo se están cumpliendo las leyes en Catalunya, sobre todo, las destinadas al colectivo de personas con discapacidad”, añade el COCARMI.
La ley tampoco ha previsto, tal y como pedía el colectivo, la posibilidad de una revisión periódica que tenga en cuenta y adopte los constantes adelantos técnicos y tecnológicos que se suceden en este campo. “Esta no es una ley flexible y hará difícil introducir cambios. Una vez más, estamos ante una norma que nace con deficiencias y, por lo tanto, para hacer una valoración definitiva deberemos esperar hasta su despliegue normativo”, concluye.
