Se cumple, este mes de septiembre, un año desde su nombramiento como director de Dincat. ¿Por qué decidió pasar de la política activa, en la que tantos años estuvo como diputado de CiU, al sector de la discapacidad?

 

Efectivamente, toda una vida en la política desde las instituciones y ahora en el Tercer Sector y la discapacidad. Todo un cambio. Cuando no continué en las candidaturas de mi antigua fuerza política para el Congreso de los Diputados, algunas personas conocidas del sector me plantearon asumir la dirección conjunta de la Federación DINCAT y de AEES DINCAT, la patronal del colectivo.  

 

Se trataba de un proyecto de renovación y fortalecimiento del sector, que aspiraba a dar una única voz a la discapacidad intelectual en Cataluña y que representaba a casi 300 entidades que acompañan y defienden los derechos de las personas con discapacidad Intelectual y a sus familias. Yo ya conocía el sector desde hacía años y se trata de un sector potente, serio, muy enraizado en la comunidad. Por todo ello, la oferta me convenció. Y aquí estoy; ¡y disfrutando!

 

En este año, al frente de Dincat, ¿cuáles han sido las principales líneas de actuación emprendidas por esta entidad y qué proyectos se plantea de cara al futuro?

 

Como para todos, este primer año ha estado marcado por la pandemia. Pero, al mismo tiempo, hemos avanzado en algunos objetivos clave que nos habíamos marcado como reforzar la presencia de nuestras reivindicaciones y demandas en los medios de comunicación y las redes sociales, aumentar nuestra capacidad de interlocución ante las administraciones públicas competentes y los grupos parlamentarios en Barcelona y Madrid, recuperar el diálogo con los sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva o unificar los equipos técnicos de la federación y la asociación empresarial, entre otras. 

 

De cara a este nuevo curso, que va ser a muy complejo, nos marcamos algunos retos fundamentales: actualizar el insuficiente marco tarifario con el que se financia los servicios a las personas, el proponer un nueva regulación para el empleo, tanto en su vertiente protegida como en el de la integración en la empresa ordinaria, reforzar el papel de las escuelas de educación especial y el objetivo de la escuela inclusiva, desplegar nuevos modelos de atención y acompañamiento para garantizar el derecho a una vida independiente, afrontar el reto de las modificaciones legales en materia de capacidad jurídica,  denunciar las discriminaciones en el acceso a servicios que se puedan producir, acompañar al sector en el reto digital, defender el papel de la iniciativa social sin ánimo de lucro en materia de contratación pública, ampliar nuestra capacidad de generar conocimiento e innovación, ampliar las alianzas y las complicidades en el sector social y de la discapacidad… Son muchas cuestiones, todas ellas clave para el futuro del sector y de las personas con discapacidad intelectual. Y la urgencia y la gravedad de la pandemia no debe de permitir que no nos ocupemos de estos retos.

 

¿Cómo ha afectado la irrupción del Coronavirus a las entidades representadas por Dincat? 

 

El impacto de la pandemia ha sido más que considerable. Especialmente duras y complicadas fueron las últimas semanas del mes de marzo y todo el mes de abril. Las administraciones no estuvieron a la altura del momento y las entidades sociales nos sentimos muy solas. Pero al mismo tiempo, el compromiso de los profesionales, las familias y los equipos directivos fue enorme.

 

En condiciones adversas y extremadamente difíciles se mantuvo la atención y el acompañamiento a las personas y el impacto, en términos de índices de mortalidad e infección, no fue tan grave como en otros sectores. Y eso dice mucho en favor de nuestras entidades y profesionales. Se merecen un enorme reconocimiento público. 

 

Recientemente, las entidades de la discapacidad, a través del COCARMI, expresaron su indignación ante el plan de contingencia para residencias desarrollado por la Generalitat para hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la Covid-19, y estimaron en 10 millones de euros extra los gastos registrados del 15 de marzo en el 31 de agosto. ¿Ha habido algún avance en este sentido por parte de la Generalitat?

 

Es verdad. La previsión del Govern sobre los sobrecostos que estamos afrontando está muy lejos de ser realista y evitar la ruina de muchas entidades. Son normas exigentes, que implican la compra de EPIS, adecuación de espacios para garantizar la distancia física, contratación de nuevo personal, test, … y El Govern no ha atendido a nuestros números. Vamos a pelear a fondo para modificar la denominada “tarifa covid”.

 

Por otro lado, ha costado mucho hacer entender a la administración que los espacios residenciales donde viven una parte no menor de las personas con discapacidad intelectual no pueden ser regulados como las residencias para las personas mayores. Vamos a ver en las próximas semanas se gestiona mejor por parte de las administraciones todo el ámbito de los servicios para las personas con discapacidad intelectual y no volvemos a sentirnos solos tan a menudo incomprendidos.

 

¿Qué conclusiones deberíamos priorizar tras recibir el impacto y las consecuencias de la pandemia?

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Síndic de Greuges dejaron muy claro que las personas con discapacidad intelectual son un colectivo especialmente vulnerable ante la Covid. Sus necesidades especiales deben de ser reconocidos y deben de minimizarse al máximo los efectos negativos del confinamiento. 

 

Las administraciones debieron y deben de actuar en consecuencia: garantizar los equipos de protección para los profesionales y las personas usuarias de servicios, testear de manera masiva para minimizar el riesgo de expansión de la pandemia, garantizar el derecho a la educación con la consideración de las escuelas de educación especial como servicios esenciales, evitar cualquier discriminación por razón de discapacidad, evitar el aislamiento social en los espacios residenciales, mantener el empleo con un sólido plan de choque, apoyar a las familias que deben de cuidar de sus hijos con un permiso retribuido, garantizar la accesibilidad cognitiva de toda la información pública generada, garantizar la apertura de los servicios de atención diurna…

 

¿Por qué Dincat ha exigido que el ingreso mínimo vital, recientemente aprobado, no discrimine a las personas con discapacidad intelectual y sea más inclusivo?

 

Si en 1982, con la Lismi, ya se planteó que las personas con discapacidad que no pueden trabajar tenían derecho a un ingreso mínimo para vivir, en 2020, cuando el debate sobre una renta básica universal está más presente que nunca, no es de recibo que el ingreso mínimo vital (IMV) que aprobó el Gobierno no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual.

 

En este sentido, es especialmente relevante que las personas con discapacidad intelectual sean consideradas como unidad de convivencia a efectos de acceder al IMV si queremos avanzar en los objetivos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en materia de vida independiente. Y ahí es clave también el compatibilizar el IMV con el empleo, en un contexto de incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, siendo necesario y justo, pone en riesgo el empleo del sector. Vamos a ver si en el trámite parlamentario, los grupos atienden a las demandas que desde Plena Inclusión se han planteado.

 

Dincat representa a empresas de Economía Social. ¿Por qué su apuesta por este tipo de empresas? ¿Qué valores la diferencian sobre otros modelos empresariales?

 

Las entidades de DINCAT nacen con el impulso y el compromiso de las familias y los profesionales del sector desde la lógica de la autoorganización y la ayuda mutua. Son sociedad civil organizada que, cuando el Estado no garantizaba ni derechos ni prestaciones, decidieron atender y acompañar a las personas con discapacidad, de manera integral, con un fuerte arraigo en sus territorios de origen. Son entidades que ofrecen servicios y defienden derechos, sin buscar rentabilidad económica, pero con el máximo rigor y solvencia.

 

Defendemos un modelo de colaboración público-privada en el ámbito de los servicios sociales que apuesta por este modelo sin ánimo de lucro, que es cercano, flexible, innovador, humano, que no responde a una lógica del beneficio económico, que aspira a crear comunidad y que se nutre de la energía de la sociedad. Es un buen modelo. Y que debe cuidarse y protegerse.

 

Por último, ¿qué hace falta todavía para que la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual –y otras discapacidades– sea una realidad? 

 

A pesar de los avances de estas décadas, aun vivimos en una sociedad con muchos prejuicios, que mantiene una mirada paternalista sobre la discapacidad y al mismo tiempo los apoyos que reciben las familias para cuidar a sus hijos son escasos e insuficientes. Los copagos continúan siendo un problema, que choca con los principios de la Convención de Naciones Unidas, y los sobrecostes de vivir con una discapacidad se ignoran, hay enormes dificultades para acceder a un empleo o a una vivienda y las entidades que atienden a las personas están infrafinanciadas. Tenemos buenos marcos legales, pero necesitamos mejores políticas y mayor compromiso de toda la ciudadanía.