"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Aquí nos discriminan
La concentración ha sido organizada por el CERMI, DOWN España y Plena Inclusión
Centenares de personas protestan ante el Tribunal Constitucional para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad
Casi 100.000 personas con discapacidad no tienen derecho de sufragio en España por tener una sentencia de incapacitación
08/02/2017
David Martínez - Imágenes Jorge Villa
Plena inclusión, el CERMI y DOWN España han celebrado este miércoles una concentración ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no pueden ejercerlo, debido a sentencias que modifican su capacidad legal. El desencadenante de la protesta de este miércoles ha sido el fallo en contra del TC a un recurso de amparo presentado por la familia de Mara, una joven con discapacidad intelectual que lucha para poder ejercer el derecho al voto.
El desencadenante de esta protesta cívica ha sido la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008.
Las personas asistentes han coreado lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas en las que podía leer “mi voto también cuenta”. Además, al acto han acudido personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha.
Frustración y decepción
“Y en esta cuestión del derecho al voto, el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”, ha señalado Pérez Bueno.
Ante este escenario, el máximo representante de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha señalado que se hace más necesaria que nunca la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que la propia legislación garantice el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
Por su parte, el presidente de DOWN España, José Fabián Cámara, ha afirmado que este proceso “está poniendo en evidencia, una vez más, que el poder judicial de nuestro país sigue manteniendo criterios claramente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”.
“La decisión del Constitucional –ha señalado Cámara- como antes la del Supremo, vulnera los principios de igualdad de la Constitución y de la Convención de la ONU. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están produciendo en nuestro país. Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad.”
“Además, necesitamos que se modifique cuanto antes la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Obligar a los jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad”, ha zanjado Cámara.
