El Tribunal ha respondido, a través de una sentencia, a un caso de una mujer gallega con discapacidad privada del derecho de voto desde hace años, antes de que España hubiera reconocido, en 2018, este derecho gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

 

Según la plataforma de la discapacidad, esta sentencia no “tiene efectos prácticos en España ni sobre la persona puesto que la ley ya ofrece el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual”. Sin embargo, asegura que “lanza un mensaje absolutamente destructivo” para aquellos países europeos que todavía no cuentan con una legislación que permita el derecho de voto de estas personas.

 

Por ello, el CERMI lamenta que la máxima instancia judicial europea de Derechos Humanos “no haya entendido el modelo social de la discapacidad” y “no haya asumido el enfoque de derechos humanos aplicado a la participación política”. En este sentido, manifiesta que es “una sentencia absolutamente inaceptable” que genera rechazo y que pone en dificultad a aquellos países que todavía por sí mismos no han regulado abrir el derecho de voto a este colectivo.

 

De esta manera, el CERMI exige que el Tribunal Europeo se alinee con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y con el propio Convenio del Consejo de Europa de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ya que esta sentencia “no es producto de una interpretación ajustada del marco de Derechos Humanos” sino en la que “pesan los estereotipos, los prejuicios y las ideas recibidas que los magistrados, los jueces, tienen como individuos respecto de las personas con discapacidad”.

 

Fuente: Servimedia