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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 03 de octubre de 2014cermi.es semanal Nº 138

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

César Antón, director general del Imserso

“El expediente está prácticamente ultimado para que en 2015 entre en funcionamiento el Centro de Referencia de Valencia para salud mental”

02/10/2014

Redacción - Imágenes Jorge Villa

La mejora económica traerá consigo un aumento en el gasto social, como el que corresponde al Imserso, según asegura César Antón. Los presupuestos para 2015 crecen respecto al año pasado y gracias a eso se mantienen programas y se impulsan nuevos servicios, como el Centro de referencia estatal del SAAD de Valencia, destinado a salud mental, y que se pondrá en funcionamiento en 2015. Mientras, la Ley de Autonomía Personal mantiene su esencia a pesar del tiempo y busca el equilibrio entre comunidades con tres vías, mismo plazo legal, mismo procedimiento y mismo baremo.

César Antón, director general del ImsersoLa Ley de Autonomía Personal tiene un recorrido difícil y a menudo se pone en duda su funcionamiento y grado de satisfacción, ¿cómo está a día hoy según el Imserso?
 
Esta ley, que tuvo un alto grado de consenso, tiene un periodo de implantación que todavía no ha terminado. Estamos no solo en calendario de implantación de la ley sino que el año que viene se va a cumplir la plena integración gradual para el grado 1. Cuando se analiza la ley hay dos partes importantes, una es sobre la incorporación de beneficiarios y otra sobre la financiación. Es una ley que reconoce derechos subjetivos. Desde que hemos llegado al Gobierno, la esencia de la ley se mantiene, que es el reconocimiento de la situación de dependencia y de una prestación  según un catálogo de servicios y prestaciones que no se ha modificado por este Gobierno. El derecho está intacto en la ley y el catálogo también. Incluso en el grado 3, la figura de asistente personal, muy importante, se amplió a todos los grados y prácticamente se han duplicado los datos de asistente personal en los últimos años. 
 
En los dos grados de gran dependencia y dependencia severa, según los últimos datos, el 85 por ciento de grandes dependientes tienen ya prestación reconocida. En definitiva estamos en el 80 por ciento de beneficiarios de todos los grados de dependencia, a un año y medio del plazo de implantación. Las previsiones se están cumpliendo.
 
Asegura usted que la asistencia personal se ha duplicado, pero partía de valores muy bajos. Precisamente una de las preocupaciones del sector social de la discapacidad en relación con la implantación de la Ley de Autonomía Personal es la escasa extensión de la prestación de asistencia personal. ¿Cómo piensan impulsar esta prestación?
 
Lo vamos a promocionar por dos vías. Las comunidades autónomas con más porcentaje de asistentes personales a la larga van a percibir más financiación. Y segundo, nos faltaba ordenar un poco la cualificación profesional. Hemos trabajado con Empleo y con el Instituto de Cualificación y a final de año, según ha transmitido Empleo, que está muy sensible y ha colaborado en ello, podremos tener esa cualificación personal de Asistente Personal. Y con un enfoque bien hecho, hay cualificaciones profesionales de atención sociosanitario, de atención social... Además, hemos dado participación al sector, que nos lo pidió. 
 
En cuanto a esta misma ley, uno de sus objetivos al llegar al Imserso era dar un impulso y reordenar el procedimiento desde un enfoque global para lograr que cambiara la tendencia según la cual la atención por comunidades era muy diferente. ¿Qué ha logrado en este tiempo?
 
Es pronto quizá para hacer el análisis. Pero sí puedo decir qué hemos hecho en ese sentido y creo que se empiezan a ver los resultados. La ley de Autonomía Personal es una ley muy importante que genera derechos pero comparte responsabilidades y de manera muy clara expone cuál es la responsabilidad de las administraciones que tienen los servicios sociales como competencia exclusiva y de la Administración general del Estado en la legislación estatal, en el marco del consejo territorial y por supuesto en la cofinanciación. Desde la solicitud hasta la concesión de una prestación determinada, es competencia de las comunidades autónomas. O sea, el que haya más dependientes con prestaciones en el sistema o menos, dependerá de dos cosas: que estén los que tengan que estar, valorados y reconocidos, o que algunas de las comunidades autónomas hayan tenido una rapidez y otra, o una prioridad u otra. 
César Antón, director general del Imserso
Manteniendo este marco de corresponsabilidad, a nosotros nos corresponde el desarrollo reglamentario de la Ley con el criterio de igualdad de acceso. El plazo de este proceso desde la solicitud hasta que se concede la prestación está reconocido en la ley para todas las comunidades por igual, seis meses. Con una garantía para el solicitante, que si no hay resolución en ese plazo, se genera el derecho y se paga en su caso la retroactividad que corresponda. También cuentan con la misma cartera de servicios y catálogo. Y en tercer lugar, la valoración, importantísima. El baremo, que es la puerta de entrada, es el mismo para todo el territorio y no lo hemos modificado.
 
Mismo plazo legal, mismo procedimiento y mismo baremo. Aunque es pronto todavía para ver el efecto pleno de estas decisiones. 
 
¿Está ya implantado ese nuevo sistema de información, por el cual las autonomías deben justificar en qué gastan el dinero destinado a la dependencia? 
 
El real decreto que entró en vigor en enero establece que hay dos instrumentos de control y garantías para las comunidades autónomas. Ahora hay una certificación mensual de cada responsable de dependencia de cada comunidad autónoma y un certificado anual que especifica cuánto se destina a dependencia de todo el gasto que cada comunidad dedica a servicios sociales. Este certificado va a poner un poco más de transparencia. Son instrumentos de garantía y control que aportan más transparencia. Podrá saberse así qué cuesta la dependencia en este país y si se están cumpliendo las aportaciones de cada uno. Hoy por hoy, el Tribunal de Cuentas ha dicho que la Administración general del Estado cumple con lo que le corresponde de financiación. 
 
Entre las reclamaciones del CERMI, una de las más recientes es la apertura de los centros de referencia estatal de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de Langreo (Asturias) y de Valencia, que llevan acumulados años de retraso respecto de la programación prevista. ¿Cuándo cree que podrá realizarse esa apertura?César Antón, director general del Imserso
 
Cuando llegué al Imserso había 17 centros para la Atención a Personas con Discapacidad y Dependencia. Todos siguen funcionando y atendiendo con garantía y calidad. Hemos centralizado determinados servicios para tener unos ahorros, porque sabíamos que los años presupuestarios no iban a ser incrementalistas. Con eso hemos conseguido que ahora, en el presupuesto de 2015, además de mantener los 17 centros, con esos ahorros podremos poner en marcha el centro de Valencia. Cuando llegamos estaba finalizada la obra y el equipamiento básico desde hacía un año. Nosotros tuvimos que tomar medidas de ahorro, de mejor gestión. En Valencia está a punto de ponerse en marcha un contrato de gestión pública, porque es un centro público y la superior dirección la va a seguir llevando el Imserso, pero hay una normativa de 2010 que no permite aumento de gasto en empleados públicos. Hemos buscado una vía legal y la gestión la vamos a llevar nosotros. Tenemos el expediente prácticamente ultimado para que en 2015, a través de una gestión de servicio público, controlada por nosotros, ese centro se ponga en funcionamiento. 
 
Por otro lado, Langreo es el ejemplo donde se pueden dar todas las vicisitudes de un contrato público, es como la tormenta perfecta, con perdón de la expresión. Hemos resuelto algunos problemas y ahora empezaremos a finalizar las obras, y es poco lo que queda. 
 
Después están los centros de León y Soria, más pequeños, de atención ambulatoria. Estamos pensando en la puesta en marcha del de León para 2015, de forma gradual. Y en Soria, hemos tenido que hacer una gestión para finalizar unas obras, que estamos terminando ya.
 
Y Melilla necesitaba centros para la promoción de la autonomía personal de día, y fundamentalmente para discapacidad física. Y hemos acabado las obras de refuerzo de un centro que estaba parado hace tiempo y creemos que también en 2015 podremos poner en marcha el servicio.
 
Todo eso está reflejado en una parte de los presupuestos de 2015, que crecen respecto a 2014, nos gustaría que creciesen más siempre, pero crecen un 2,1 por ciento el presupuesto total del Imserso. 
 
¿Es suficiente el dinero que se dedica a esta Ley en los nuevos presupuestos?
 
La propia Ley de Autonomía Personal y la Ley de Financiación de comunidades autónomas garantizan que desde los presupuestos generales del Estado, toda persona reconocida en situación de dependencia con prestación efectiva, va a recibir la financiación que le corresponde de los presupuestos generales del Estado. Lo reciben a través de las comunidades autónomas, pero los instrumentos están garantizados.César Antón, director general del Imserso
 
Tanto en 2012 como en 2013 y en 2014, el presupuesto inicial aprobado en Las Cortes del nivel mínimo garantizado se ha incrementado a lo largo del ejercicio. En 2012 aumentamos en 122 millones de euros el presupuesto inicial. En 2013, incorporamos 120 millones de euros al presupuesto inicial. Y en 2014 hemos tramitado ya la propuesta de financiación suplementaria a 2.088 millones de euros de alrededor de 54 millones más. 
 
El Imserso es un referente en política social en este país, pero ¿cuáles son a día de hoy las aportaciones de esta entidad en una época de crisis con tanto recorte y frenazo en estas políticas?
 
Todos sabemos cuál era la situación económica y presupuestaria del país cuando llegamos al Imserso. Tuvimos que hacer medidas de ajuste pero con mucha sensibilidad. Nos encontramos con 1.368 millones de euros de deuda, de ellos 1.034 a la seguridad social. Hemos saldado esas deudas.
 
Pero además de mantener los grandes bloques de servicios y aumentar en algo más el presupuesto de 2015, hemos solventado deudas por casi 1.400 millones de euros. Esta gestión puede estar sometida al debate o la discrepancia, pero refleja cuál ha sido la prioridad. Somos capaces de mantener programas y al mismo tiempo poner en marcha centros de atención como el de Valencia. Se está cambiando la tendencia. La mejora económica tendrá una mejora presupuestaria y desde luego las prioridades del gasto social, como son las que tiene el Imserso, seguirán esa tendencia creciente. 
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