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viernes, 13 de diciembre de 2019cermi.es semanal Nº 371

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

Cinco clínicas jurídicas promovidas por el CERMI aportan conocimiento para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

08/12/2019

El CERMI desarrolla en estos momentos, en alianza con distintas universidades españolas, cinco clínicas jurídicas para ahondar en el conocimiento de aspectos diversos de la defensa legal y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Con la Universidad Carlos III de Madrid, las clínicas en curso son tres. La primera se refiere a la fijación de las bases constitucionales para una legislación estatal general sobre garantía de derechos sociales, y la segunda a las personas con discapacidad en el Derecho Internacional y Nacional sobre Refugio y Asilo, propuestas para una reforma normativa que dispense una auténtica protección internacional de las personas con discapacidad.
 
Por su parte, la tercera tiene como objeto examinar la efectividad en el ordenamiento jurídico nacional de las resoluciones de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos de los que España es parte, con análisis de la vinculación para el Estado y exigibilidad para su cumplimiento.
 
Con el Centro Universitario Villanueva de Madrid, la clínica en marcha versa sobre el derecho a formar una familia y a tener descendencia de las personas con discapacidad con necesidades intensas de apoyo en el Derecho español, con las consiguientes propuestas para su ajuste a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Finalmente, con la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) la clínica incursionará en el estudio de la compatibilidad de la categoría penal de inimputabilidad, tal y como se encuentra configurada por el artículo 20, números 1 y 3, del Código penal, con la Convención de la Discapacidad de Naciones Unidas.
 
Una clínica jurídica es la prestación voluntaria por parte de un centro docente universitario de asesoramiento jurídico gratuito en beneficio de personas o comunidades en situación de vulnerabilidad social y a las organizaciones que las representan, así como la prestación de asesoramiento jurídico gratuito en temas de interés público.
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