En su denuncia, el CERMI pedía a la Comisión Europea que abriera investigación por la posible infracción por parte de España de la Directiva de la Unión Europea del año 2000 que asegura un marco jurídico contra la discriminación en el empleo de determinados grupos sociales, entre ellos, el de las personas con discapacidad.

 

El incumplimiento denunciado por la plataforma española se refiere a la normativa reguladora del acceso al empleo público de personas con discapacidad, que a juicio de la entidad, ha sido interpretada en diversas sentencias recientes del Tribunal Supremo de un modo restrictivo, que deja sin contenido buena parte de las medidas de acción positiva en favor de aspirantes con discapacidad, infringiendo el marco europeo de igualdad de trato.

 

La denuncia, una vez recibida por la Comisión Europea, provocará que la Comisión Europea abra valore si se ha producido infracción de la normativa europea y en su caso abra investigación a España, que deberá acreditar el cumplimiento de la Directiva europea.

 

En caso de que la Comisión estime la denuncia, ya recibida formalmente, tras la comprobación de los hechos, instará a España a adecuar su normativa y su aplicación al marco europeo, así como puede imponer sanciones por infracción del Derecho europeo.