Sin embargo, las entidades que trabajan con personas con discapacidad apuntan a una cuestión «de voluntad política» porque la normativa inclusiva que ha hecho y modificado el propio Marzà «sí regula la entrada al centro de personas externas, incluso se habla de voluntariado. Deberían centrarse en solucionar problemas si la normativa presenta lagunas. Pero sin demorarse más tiempo porque hay un decreto y una orden. Se puede hacer y se debería hacer. Y el tiempo corre».

 

El debate sobre la presencia de los asistentes personales en las aulas ha salido a la palestra por el caso de un menor de 12 años al que, en su paso al instituto, le han negado la entrada a su asistente personal. El joven tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y altas capacidades. Sus problemas se centran en las interacciones sociales (que no comprende) y unas conductas disruptivas que el asistente personal consigue reconducir. La familia, además, tiene la justicia de su parte. Acudió a los tribunales ante una modalidad educativa combinada del menor que le obligaba a acudir unos días de la semana a clase en un centro ordinario y el resto de días a uno de Educación Especial. El juez determinó que Óscar tenía derecho a asistir a una clase ordinaria «con los apoyos necesarios y razonables» para asegurar una educación inclusiva. Y ni con esas.

 

Juan Diego Rodríguez, el padre de Óscar, solicitó la ayuda del asistente personal que aún no le ha sido concedida. Mientras tanto, paga al profesional de su bolsillo. Sin embargo, este ayudante –que lleva trabajando con el menor desde hace 4 años– no puede entrar en las aulas desde el pasado 18 de septiembre, cuando la Conselleria de Educación conoció el caso y decidió prohibir el acceso al asistente personal del joven al no ser «personal docente».

 

 

Desde el CERMI Comunidad Valenciana, la responsable de educación, Elisa Vicedo, lamenta que la conselleria de Vicent Marzà «legisle unas cosas pero realice otras prácticas porque sobre inclusión hay mucho papel escrito pero luego la realidad es bien diferente».

 

Es más, tanto desde el CERMI como desde Cocemfe València (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) hacen referencia a la orden 20/2019, de 30 de abril, que regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema valenciano, que, en la disposición adicional tercera refleja las acciones para la igualdad de las personas con discapacidad. «La conselleria competente en materia de educación y todos los centros docentes tienen que desarrollar las acciones previstas en la Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y la no-discriminación por motivos de discapacidad física, sensorial, orgánica, intelectual, cognitiva del alumnado o del grupo familiar», afirma la orden, que también refleja la presencia de personal «externo o voluntario» en favor de la educación inclusiva.

 

Los asistentes personales, sin embargo, no formaban parte de esta orden a pesar de que la Conselleria de Igualdad está impulsando la figura y ahora ha anunciado, además, una similar pero centrada en la población infantil.

 

Desde Cocemfe añaden que «hay lagunas» en la inclusión educativa porque «si estamos desarrollando un programa de asistencia personal para menores y no pueden entrar en los centros, desde luego que es evidente que algo falla. Es como si a un niño en silla de ruedas no le permites entrar en el centro con la propia silla. Hay que resolver esto ya porque el tiempo corre en contra».

 

Fuente: Levante