"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El Congreso #STOPodio aborda el activismo social y las políticas contra el odio
14/12/2018
La segunda jornada del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que se celebra los días 12 y 13 de diciembre en el Salón de Actos de la Abogacía Española, ha comenzado con la ponencia “Activismo social, víctimas y delitos de odio” que ha estado moderada por Cristina Goñi, directora regional de incidencia y política de seguridad de Open Society Initiative Europa, quien ha resaltado el papel de la sociedad civil en la lucha de los delitos de odio. “Es necesario el acompañamiento, desde el ámbito civil, social, jurídico y mediático, para dar voz a esas víctimas”, ha destacado Goñi.
También ha intervenido en esta mesa redonda, Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, que ha iniciado su ponencia definiendo la discrimianción que sufren las personas con discapacidad, como un “odio que nos acompaña sin culpa”. Por eso, ha querido incidir en aspectos como “las especiales barreras que este colectivo encuentra en la búsqueda de reparación en la justicia”, con la impunidad de ciertas conductas o “la hostilidad del sistema judicial”, en ocasiones, no adaptado a necesidades como la lengua de signos o el sistema de lectura en braille. “La igualdad real y sustantiva, debe ser una igualdad transformadora que promueva un cambio sociocultural que tenga en cuenta a las personas con discapacidad”, ha destacado Martín.
Por su parte, Dánae García, activista de SOS Racismo Madrid, ha puesto el foco en los delitos de odio que sufren las personas migrantes y racializadas que contribuye al auge del denominado “racismo estructural”, y que implica que “estas personas no sean vistas como titulares de derechos, sino como animales”, según ha indicado García. Asimismo, ha destacado el avance de determinadas políticas que favorecen el discurso racista y “la legitimación constante de la violencia sobre personas migrantes y racializadas”.
Finalmente, Leila Nachawati, profesora de comunicación y periodismo especialista en Derechos Humanos, ha querido dar una visión del papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de ciertos mensajes que pueden promover el odio. Nachawati ha incidido en que los periodistas “trabajan en un contexto geopolítico cada vez más polarizado” que favorece la opinión de “expertos políticos de sofá, que formulan presentaciones cada vez más simplistas de la realidad”. “Cuando más complejo es el relato, más se hace una caricatura de su representación”, concluyendo con la frase de su artículo “Siria: el silencio y los graznidos“: “porque la impunidad que avanza en Siria nos afecta a todos y a todas. Porque mientras los graznidos se vuelven ensordecedores, ya nadie escucha a las víctimas”.
POLÍTICAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE DISCURSO DE ODIO EN LA RED
La segunda mesa de la jornada ha tratado sobre las políticas contra la propagación del discurso del odio en la red. Como moderador Mariano Calleja, letrado coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de extranjería municipal y para supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia del Colegio de Abogados de Madrid.
Miguel Camacho, jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra los delitos de odio ha sido el primero en hablar. Camacho asegura que todavía queda mucho por hacer y ha mencionado el trabajo que están realizando con diversas ONGs para acabar con las conductas que generan los delitos de odio. También ha destacado algo importante dentro de su oficina, la variedad: “Nuestro colectivo es muy diverso y eso enriquece el trabajo, se incorporó la mujer hace más de 30 años y ahora se están incorporando muchísimos colectivos que enriquecen mucho más”.
Los problemas de los avances tecnológicos han tenido su espacio en esta jornada. Antonio Mendoza, teniente de la Guardia Civil, ha tratado las dificultades que aparecen cuando se buscan los perfiles que generan comentarios de odio. Asegura que las operadoras les exigen datos muy objetivos, algo que dentro de este tipo de faltas, es complicado de demostrar.
Elvira Tejada, fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, considera básico detectar los contenidos tóxicos para poder hacer un seguimiento de los mismos. Además, en el turno de preguntas, ha sido cuestionada por la formación de los jueces. Tejada asegura que se necesitaría una reforma legislativa para que los jueces se especialicen y que la formación de los abogados, la más común, es una buena línea, ya que “son ellos los que tienen el contacto directo con los jueces”.
El secretario general del Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE), Francisco Pérez, ha dedicado su tiempo para analizar las posibles soluciones tecnológicas que existen ante los delitos de odio en la red. Pérez ha mencionado un software que es capaz de identificar los sentimientos no solo a nivel escrito sino también a través del habla.
Ricardo Ruiz, abogado experto en delitos de odio, ha sido el último en intervenir para hacer una serie de reflexiones. Considera que hay que buscar los métodos adecuados para probar que un discurso promueve el odio, que es fundamental saber cómo se sienten los afectados y que hay que reforzar la carga probatoria.
LOS DELITOS DE ODIO EN LA UNIÓN EUROPEA
La última mesa de la mañana ha abordado ‘Los delitos de odio en la UE’. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, ha moderado la mesa y ha destacado que en este Congreso “estamos todos reunidos para proteger la dignidad humana”.
María Amor Martín Estébanez, subjefa de la Unidad de Cooperación Institucional y Redes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), ha explicado que hay pocos estados miembros que tienen una definición del delito de odio y tampoco lo hay a nivel de la UE. Por ello, se trabaja con la definición de la OSCE de 2003, que parte de un delito de base al que se suma una motivación basada en el prejuicio. Para encontrar una regulación sobre los delitos de odio en la UE tenemos que acudir a la Decisión Marco del Consejo de Ministros de la UE en 2008. También ha hecho referencia en su intervención a la Directiva sobre los Derechos de las Víctimas 2012/29/UE, que ha abierto el campo para que se cubran más tipos de delitos contra más tipos de personas. Y respecto a las pocas denuncias por parte de las víctimas, ha hecho referencia a la Encuesta EU MIDIS II, para la que se entrevistó a más de 25.000 personas, y según la cual un 59% de las víctimas de odio no denuncian porque creen que nada cambiaría y un 44% cree que no merece la pena denunciar porque sucede todo el tiempo.
A continuación Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España, ha señalado que la base legal para actuar contra los delitos de odio es muy estrecha y obedece más voluntarismo que a otra cosa. Desde la UE son conscientes del excesivo margen de maniobra que hay con la Decisión Marco, por eso han presentado recientemente un informe-guía sobre cómo aplicar la Decisión Marco en la práctica y que se articula en cuatro puntos:
- Una metodología para mejorar el registro de los delitos
- Garantizar la Justicia, protección y apoyo a las víctimas
- Interpretar los principios claves sobre cómo se forma el delito de odio
- Intentar hacer frente a formas específicas de delitos de odio, como el antigitanismo o la aporofobia
Además, Fonseca ha señalado que “la lucha contra los delitos de odoi en la UE conlleva ser coherentes con la Carta de Derechos Fundamentales para proteger la tutela judicial efectiva para las minorías y los colectivos vulnerables”.
Por su parte Eva Pastrana, jefa de la unidad HELP del Consejo de Europa, ha centrado su intervención en la jurisprudencia del TEDH sobre delitos de odio y su relación con la libertad de expresión, poniendo tres ejemplos de sentencias del TEDH que condenan a España por injerencia en la libertad de expresión (sentencias de los casos Toranzo Gómez, 2018; Stern Taulas y Roura Capellera, 2016; y Otegi, 2011). Las definiciones de los organismos europeos y la jurisprudencia del TEDH dejan patente que existe un frágil equilibrio entre la libertad de expresión y la incitación al odio, ha subrayado.
CLAUSURA DEL V CONGRESO DE DDHH
En el acto de clausura del V Congreso de Derechos Humanos, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, tras recordar que hoy es el 80 aniversario de la ONCE, ha destacado que “el odio, como emoción, interfiere en la razón, obstaculiza la convivencia y aniquila el pacto, y nuestro pacto –el de la abogacía y demócratas- está siempre con la suma, con el acuerdo, con el respeto y con la aceptación de lo diferente”.
Ortega ha asegurado que este V Congreso “no podía ser más oportuno y necesario, incluso forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas en el terreno de la lucha contra la intolerancia y la exclusión”. A los asistentes, la presidenta de la Abogacía les ha pedido que “estemos alerta y contrarrestemos este desafío con discursos firmes, con argumentos sólidos y con respuestas inteligentes; que es lo que se espera de un sistema de derechos y libertades”.
(Información publicada por Abogacía Española)
