14 años después de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 12 desde su entrada en vigor, tras alcanzar el número de ratificaciones necesarias, la Convención es la herramienta más ambiciosa y transformadora con que cuentan las personas con discapacidad, a escala mundial, para ver extendidos y realizados sus derechos.

 

Así lo han manifestado hoy el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres como representación del movimiento social español de la discapacidad.

 

Pese a su carácter de tratado internacional, superior a toda la normativa interna y vinculante para todos los poderes públicos, autoridades y personas privadas, son todavía innumerables en España la leyes, las políticas y las acciones que ignoran o contrarían sus mandatos, por lo que es más necesario que nunca trabajar para la toma de conciencia de sus contenidos y para lograr su completa efectividad.

 

Educación no inclusiva, institucionalización, internamientos forzosos, ausencia de entornos universalmente accesibles, mayor exposición a la violencia y los abusos como ocurre con las mujeres con discapacidad, ausencia de apoyos para la vida independiente, vinculación de la eutanasia con las personas con discapacidad, políticas públicas sin diálogo ni consulta con la sociedad civil, son algunas de las quiebras más hirientes de la Convención en nuestro país. Vulneraciones e incumplimientos que es preciso o revertir con la herramienta más poderosa, los derechos humanos plasmados en la Convención de 2006.