Pilar Villarino, secretaria del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, inicia este conversatorio dando voz a todo el movimiento CERMI, y afirma que “para nosotras, para nosotros, efectivamente es muy importante el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Estrategia Europea de Discapacidad y, sobre todo, las buenas noticias que vienen desde el gabinete de la Comisaria Dalli para conseguir ese Europa social, esa Europa de las personas que perseguimos desde el movimiento CERMI desde hace tiempo y para la que estamos haciendo este proyecto ‘Hablamos de Europa’ en el que se encuadra este conversatorio que está muy vinculado al semestre de presidencia española del próximo año y que nos esperanza especialmente cuando hablamos de esa deseada homologación de la condición de discapacidad para toda la Unión Europea”.

 

A continuación, el resto de participantes de este encuentro, que se celebra con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la iniciativa “Hablemos de Europa”, secunda su intervención y se muestra esperanzado en lograr pronto este objetivo. Álvaro Couceiro, Policy Officer de políticas sociales y empleo del Foro Europeo de Discapacidad (EDF) denuncia así la actual situación: “Ahora mismo no existe la ciudadanía europea para las personas con discapacidad, uno no puede acceder a los mismos derechos independientemente del país en el que esté; esto no es una realidad, lo vemos en el empleo, en la educación, en la movilidad, también el transporte, en el acceso a cualquier servicio”.

 

Por su parte, Daniel Aníbal García Diego, presidente de Feacem se muestra aun más esperanzado pues apunta la posibilidad de que la tarjeta europea de discapacidad, cuando se logre, “sirva también para arreglar los problemas regionales que tenemos en nuestro país”. 

 

Tras escuchar las ideas iniciales del conversatorio, que modera José Manuel González Huesa, director de Servimedia y de cermi.es semanal, interviene Nora Bernardski, del Gabinete de la Comisaria de Igualdad, Helena Dalli (Comisión Europea), quien asegura que “la tarjeta de discapacidad es una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia de Discapacidad aprobada el año pasado”. Sin embargo, precisa ofrecer unos apuntes previos y explica que “las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar para vivir de forma independiente, a la igualdad de oportunidades para participar plenamente en la sociedad, sin embargo, el progreso en ese sentido ha sido lento”. Asegura que esa es la razón por la que se aprobó el año pasado la estrategia 2021 a 2030 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye una serie de acciones clave, emblemáticas, como es la creación de la plataforma de discapacidad, un foro consultivo para que la Comisión debata y reflexione sobre las diferentes políticas y medidas legislativas. Una de las medidas más destacadas recientemente es el paquete de empleo que se anunció el mes pasado y cuyas acciones buscan mejorar los resultados del mercado laboral de las personas con discapacidad, ya que “hay una brecha de empleo del 25%, que es enorme”, asegura. 

 

 

Bernardski explica que la tarjeta europea de discapacidad se propondrá en una iniciativa legislativa que saldrá a finales de 2023, durante la presidencia española, y lo que pretende la comisión es que esta tarjeta mejore la movilidad de las personas con discapacidad en el acceso a los servicios, insiste en que esta tarjeta es para la libre circulación de personas en cuanto a servicios y aclara que aun no se puede precisar si esta norma será un reglamento con efecto y aplicación directa en cada Estado o una directiva que tiene que trasponerse a la legislación de cada Estado. En ambos casos, será un procedimiento de codecisión y por lo tanto intervendrán tanto el Parlamento europeo como el Consejo, al hilo de lo que vaya haciendo la Comisión. 

 

La intención de la Comisión, apunta la representante del Gabinete de Igualdad, es avanzar en esta propuesta con celeridad y se pueda adoptar antes de las elecciones al Parlamento: “Ciertamente va a depender menos de los españoles y más de los belgas, que tomarán el relevo, para avanzar rápidamente el texto propuesto a través del proceso de diálogo a tres bandas, por lo que estamos optimistas y confiados en que esto pueda lograrse”. 

 

Álvaro Couceiro reconoce que están recibiendo buenas respuestas en esta cuestión, pues “la presidencia española en preparación, pero también la belga, se han acercado a nosotros para consultarnos sobre la tarjeta y tienen mucho interés en agilizarla, al igual que otros países, por lo tanto, somos bastante optimistas”.

 

A continuación, Daniel Aníbal García y Pilar Villarino expresan una misma idea al afirmar que como sector social no desean una norma que se apruebe mañana, que realmente no transforme la realidad. Agradecen la rapidez en su tramitación, pero insisten en la importancia de que esta tarjeta cambie la vida de las personas, “tiene que ser un paso decidido hacia la construcción de la ciudadanía europea”, asevera el representante de Feacem.

 

 

Rosa Estarás, europarlamentario del Grupo Popular Europeo, comparte esta idea y advierte además de que “ya sabemos que cada Estado miembro va a tener sus criterios para dar una tarjeta de discapacidad, pero lo que es interesante es que haya un reconocimiento mutuo de la tarjeta”. Alude también a la tarjeta piloto utilizada por ocho Estados miembro en 2017: “Dicen que fue positiva porque se visualizó, pero al final se quedó muy corta porque se usó en temas de ocio y de deportes y creo que hemos de ir un poquito más allá, en un reconocimiento mutuo, que facilite la libertad de circulación de las personas con discapacidad en todo el territorio europeo y que facilite la inclusión”.

 

Otra advertencia importante de la europarlamentaria tiene que ver con el Acta Europea de Accesibilidad, una norma que finalmente no recogió las demandas de la discapacidad. Su deseo es que no ocurra lo mismo con la tarjeta, porque “la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lo tiene muy claro, pero otras comisiones, como la de Comercio Interior, tienen otros parámetros”. En definitiva, la norma, a su juicio, tiene que ser “un paso decisivo a un reconocimiento mutuo, a una libertad de circulación y que facilite la vida a las personas dentro de la Unión Europea y que deje la discapacidad de ser un obstáculo para circular, para educar, para un trabajo ...”

 

Anima además a su aprobación como reglamento, no como directiva, por los tiempos de trasposición, e invita a ser muy ambiciosos en su regulación, “sé que cada Estado miembro es muy celoso de su competencia, y tiene que ser así porque las carteras son muy distintas, pero debe haber confianza mutua”. Por supuesto, añade la importancia de que la tarjeta, ya sea física o digital, tenga un formato accesible.

 

Nora Bernardski confirma que la evaluación de la discapacidad la realizarán siempre los Estados miembros, “pero estamos legislando sobre el reconocimiento mutuo de esa evaluación, por lo que está ahí para facilitar la libre circulación de las personas con discapacidad; en cuanto al alcance de los derechos a los que tendría acceso la persona con la tarjeta, eso es algo que la evaluación de impacto va a mirar detenidamente y, de hecho, la ambición es que sea lo más amplia posible”.

 

 

Para lograr estos objetivos, insiste en varias intervenciones en la importancia de “la convocatoria de pruebas, proceso que sucederá poco antes de fin de año”. Reclama la participación de todos para aportar ejemplos de problemas, de casos en los que a una persona con discapacidad se le ha negado el acceso a un servicio porque su discapacidad no ha sido reconocida: “Necesitamos esa información para definir una solución, tenemos que tener la mayor comprensión del problema”. Cuentan ya con algunos casos, sobre todo tras la experiencia de la tarjeta piloto de 2017, “no obstante, la solicitud de pruebas es extremadamente importante porque ayudará a medir el alcance del problema y, por lo tanto, ayudará a definir el alcance de la solución”.

 

Afirma Bernardski que entiende las ventajas de aprobar esta homologación con un reglamento, frente a una directiva, y explica que “es realmente el proceso de evaluación de impacto lo que nos ayudará a definir qué instrumento legal es el mejor”. En cuanto a la advertencia de Rosa Estarás acerca de las distintas comisiones parlamentarias, que no tienen la misma línea de pensamiento, recuerda que todas las instituciones europeas están obligadas a seguir el mandato de la Convención de la ONU sobre Discapacidad y así hay que exigirlo a todas.

 

La europarlamentaria responde que así es, sin embargo, “la Convención no se está cumpliendo”, y de nuevo hace una referencia a lo ocurrido con el Acta de Accesibilidad y a otras cuestiones del ámbito europeo que se alejan de la Convención: ¿Hay educación inclusiva para todos, trabajo digno para todos, no discriminación...?” A pesar de todo, Estarás muestra optimismo y asegura que “tengo mucha confianza en la Comisaria Dalli y en que esto va a salir bien”. 

 

Álvaro Couceiro también anima a ser ambiciosos y a huir del ejemplo del Acta de Accesibilidad, pero cree que “esta vez partimos desde una perspectiva un poco más positiva y también apoyamos que sea reglamento, obviamente porque es más rápido y no está ese problema que comentaba Nora de que algunos Estados puedan transponer tarde o no hacerlo, pero principalmente porque en el momento en el que se aplica esta tarjeta ya dará acceso a todos los servicios. Es la idea, acceso a todos los servicios a los que la persona con discapacidad ya tiene en su país”. 

 

El cierre al conversatorio le corresponde al presidente de Feacem, que aprovecha para explicar, en referencia a los datos de empleo ofrecidos por la representante de la Comisaria de Igualdad, que “en España estamos muy contentos con nuestro modelo de empleo protegido, los Centros Especiales de Empleo, y estamos convencidos de que es un modelo de empleo digno y decente para personas con discapacidad, que garantiza los derechos, igual que una persona sin discapacidad, le garantiza Seguridad Social, derechos laborales... Por lo tanto, estamos pues muy contentos con nuestro modelo, con el esquema nacional y por eso lo ofrecemos como un ejemplo quizás a exportar a otros países”.

 

Como apunte final, expresa la importancia de algo comentado por Nora Bernardski, y es que esta tarjeta será “especialmente potente” para aquellos casos en los que no es visible la discapacidad, como es la enfermedad crónica, la discapacidad orgánica, aquellas discapacidades especialmente invisibles, incluso para las personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).