Opinión

Crisis, sector solidario y derechos sociales

Por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI

26/03/2013

La crisis social y económica, tan extendida y tan generalizada, de la que nada ni nadie parece escapar, no despliega sus efectos uniformemente. También en las cosas ingratas y negativas se produce desigualdad, que se diría ínsita a todo cuanto acontece, casi como condición de lo existente. Una muestra de esta lacerante desigualdad de trato es la mayor exposición a la crisis y a sus devastadoras consecuencias de las entidades del tercer sector de acción social. Estas, por la posición de debilidad de la que partían, han sufrido y sufren con virulencia más extrema el cataclismo en expansión de la crisis.

Más que las empresas, más que las instituciones públicas, más que las estructuras intermedias que integran la llamada sociedad civil, pero menos, asaz menos, que la base social, la ciudadanía cuyos derechos a la inclusión y al bienestar no solo no están reconocidos en plenitud, sino que los mínimos fragmentos alcanzados están ahora en franco riesgo de desaparición o al menos de grave retroceso. Las entidades del tercer sector de acción social están en crisis porque su soporte ciudadano -las personas y los grupos en las que se integran y que reciben su acción- lo está profundamente. Además, esta situación de crisis se intensifica en el caso de estas entidades porque siempre han sido débiles, incluso en los buenos tiempos. Se extiende la sensación de estar ante una encrucijada, de vivir instalados en un atolladero paralizante, de no saber por dónde tirar, de agotamiento de modelos y de ausencia de referencias para una salida revitalizadora.

Los costes sociales de la crisis actual repercuten en el tercer sector de acción social de un doble modo. Por una parte, son muchas más -hasta el punto de que cabe hablar de crecimiento vertiginoso- las necesidades sociales sin atención, como consecuencia del debilitamiento de las precarias estructuras del bienestar existentes en España, ocasionadas por las drásticas reducciones presupuestarias acometidas por las distintas Administraciones. Por otro lado, el tercer sector de acción social ha de hacer frente a ese incremento de necesidades con menos recursos económicos, pues sufre también la yugulación financiera de lo público, así como la carestía de otras fuentes complementarias privadas o  paraprivadas, como las donaciones de empresas o particulares o la desaparición en la práctica de un recurso singular como eran las obras sociales de las cajas de ahorros. En suma, tiene que hacer mucho más con mucho menos, lo que introduce una tensión organizacional que puede poner en peligro cuando no lisa y llanamente dar al traste con estructuras de suyo precarias, que siempre, también en épocas de expansión económica, se han caracterizado por una debilidad constitutiva.

Este entorno económico de guerra, sitúa a buena parte del tejido  social en lógicas de mera supervivencia, en las que la pregunta por la continuidad propia se hace omnipresente e incesante, hasta el punto de saturar la atención, descuidando absolutamente otras cuestiones como las referidas a los aspectos que guardan relación con la revisión  del modelo o el estatuto organizativos. Lo apremiante no deja ver lo relevante. El presente nos hacer ser negligentes con el futuro.

El agónico estado en que se halla la sociedad actual requiere del concurso de todas las fuerzas disidentes, que no se conforman o no se resignan a que esta situación se prolongue o incluso llegue a perpetuarse. Entre estas fuerzas, aunque solo sean alternativas, están sin duda los movimientos sociales que formalizados en algún grado en organizaciones y entidades llegan a tener un cierto poder en el juego inestable que constituye la vida social. Pues bien, este poder -sea de resistencia, de contestación, de incidencia, de prescripción, de presión o de transformación- por mínimo que sea, ha de ponerse al servicio de una reconstrucción de la sociedad civil, aquella que, por vía negativa, se define como la que no está tomada por el poder de decisión de lo político, ni se configura  únicamente en función de la maximización del beneficio económico, la dimensión dominante en el llamado mercado. Ante el Estado y frente al mercado, las entidades del tercer sector de acción social, uno de los agentes constructores de la sociedad civil, han de preservar y expandir el espacio de lo social, entendido en el sentido del lugar de la vida en comunidad en que los valores de la inclusión y la cohesión tienen un grado de vigencia aceptable.

El tercer sector de acción social no puede limitarse a remediar o atenuar los males inherentes en términos de pobreza, exclusión e inequidad a la acción inmoderada de los poderes políticos y económicos, auténticos jerarcas de esta sociedad, sino que debe ofrecer alternativas, no el sentido de mundos paralelos, que permitan sustraerse a las lógicas endiabladas cuyo principal triunfo es el de persuadir de su carácter ineludible, una fatalidad que no admite réplica ni consiente otras opciones. Ahí, en ese espacio vacío, los movimientos sociales tienen un deber de edificación cívica que multiplique los focos de poder político y económico, que tracen un recorrido que vaya de los poderes en exclusiva a los poderes numerosos y difusos, que se complementan tanto como se contrarrestan.

La financiación del tercer sector de acción social, por más relevante que sea, y a fuer que lo es, no deja de ser algo adjetivo, algo accesorio, en la medida en que estará en función de lo que real y efectivamente sea el propio tercer sector social. Lo sustantivo, lo principal es el modelo de tercer sector social al que aspiramos o que deseamos ver establecido, que tendrá desde luego su correlativo sistema de sostenimiento económico. La pregunta primera, pues, no ha de ser por las cuestiones de financiación, sino por las de modelo. Esto quizás pueda extrañar o resultar sorprendente, cuando en tantas ocasiones, invertidas las tornas, alterada la secuencia correcta, no hemos tenido un modelo genuino de organizaciones sociales, un modelo originario y previo, más allá y más acá de las cuestiones económicas, sino que asistimos al modelo que ha permitido la financiación. El modelo, lo constitutivo, termina siendo una sucursal de la economía, lo instrumental. Aunque esta condiciona, ni que hablar tiene, y nos forzará a restricciones y ajustes de lo que teníamos en mente, no puede ser el único factor definitorio.

La discusión del modelo ha de prevalecer, por tanto, en esta reinvención del tercer sector de acción social en la que estamos inmersos. Seguramente, solo podremos promover en lo sucesivo modelos organizacionales que se puedan sostener, pero esto no hay que experimentarlo como una resignación o como una privación, no como una imposición de lo meramente económico sobre lo sustancialmente político, sino como una opción por lo preferible.

Un modelo de organizaciones sociales de derechos, vale decir, de incidencia política, que genere y expanda el cambio social necesario, que active a las personas y grupos ciudadanos cuya inclusión y bienestar sociales están negadas o cuando menos en entredicho, y que tenga capacidad movilizadora de decisiones políticas transformadoras será más apropiado, amén de más sostenible, porque requiere de menos carga de estructura, que un modelo de gestión de servicios, de atención directa a una pluralidad o colectividad de personas, por definición harto más oneroso. El modelo organizacional de derechos o de incidencia, al ser más económico, aliviará en buena medida la necesidad de financiación expansiva que los modelos de servicios o prestacionales acarrean, lo que suele desembocar en dependencia de instancias ajenas al propio tercer sector de acción social.

Este nuevo teatro de operaciones, reforzaría la autonomía de las organizaciones sociales frente a los poderes políticos y económicos, que perderían capacidad de influencia y de injerencia en un nuevo tipo de entidades que no solo serán más livianas, sino también más libres.