"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Daniel Aníbal García. Presidente de FEACEM
"Muchos Centros Especiales de Empleo han reconducido su actividad para dar cobertura a las necesidades tan acuciantes que hemos vivido"
24/04/2020
Rafael Olea
El presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Daniel Aníbal García, precisa cómo esta modalidad empresarial de la Economía Social ha demostrado una “flexibilidad y capacidad de adaptación” que les ha permitido reconducir "su actividad productiva para dar cobertura a las necesidades tan acuciantes que hemos vivido; y hemos empezado a producir mascarillas, batas, protectores…”. Asimismo, considera “imprescindible” que las administraciones adopten “medidas extraordinarias y urgentes adaptadas a la realidad de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS)” y remarca tres prioridades: contener la pandemia, garantizar la salud de los trabajadores y evitar la pérdida de empleo de personas con discapacidad.
Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), como parte que somos de la Economía Social y del tejido productivo nacional estamos viviendo una situación complicada pero variada. Muchos de nuestros CEEIS siguen trabajando, y algunos con redoblados esfuerzos, por ser parte vital de aquellos sectores esenciales y que no han podido nunca dejar de trabajar, como pueden ser todos aquellos relacionados con lo sociosanitario, alimentario, distribución, gestión de residuos…
También es remarcable la capacidad de adaptación que hemos tenido, muchos centros han reconducido su actividad productiva para dar cobertura a las necesidades tan acuciantes que hemos vivido, y hemos empezado a producir mascarillas, batas, protectores… hemos demostrado ser empresas con flexibilidad y capacidad de adaptación.
Pero, por otro lado, no podemos olvidar tantos y tantos CEEIS que han visto reducida o eliminada en su totalidad su actividad, y no podemos dejarlos atrás ni, mucho menos, a las personas con y sin discapacidad que allí trabajan.
FEACEM emitió, junto al CERMI, un comunicado en el que establecía una positiva valoración de las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno para paliar la crisis, pero también han reclamado al Gobierno medidas específicas que atiendan a las necesidades propias de los CEE de iniciativa social. ¿Cuáles son estas medidas que reclaman a la administración central?
Las prioridades de los CEE de iniciativa social han sido en estos momentos dos: adoptar las medidas necesarias para contener la pandemia y garantizar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, y evitar en la medida de los posible la previsible pérdida de empleo de personas con discapacidad.
Por otro lado, la prioridad de nuestro futuro inmediato es garantizar la sostenibilidad y viabilidad de nuestros centros de trabajo y consecuentemente el mantenimiento del empleo de nuestros trabajadores. En este contexto es imprescindible adoptar medidas extraordinarias y urgentes adaptadas a la realidad de los CEE de Iniciativa Social que den respuesta a las problemáticas específicas de nuestro sector.
Así, hemos planteado medidas que aseguren el mantenimiento de la consideración de Centro Especial de Empleo a aquellos centros, que, de manera circunstancial, o por ceses de actividad o por ERTE, vean reducida su composición de plantilla de personas con discapacidad.
También solicitamos que aquellos Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social que tengan un desequilibrio financiero reciban una subvención o ayuda para asegurar su continuidad.
Para garantizar la liquidez de los CEEIS, proponemos un pago adelantado de la subvención de mantenimiento, la denominada comúnmente como “ayuda del SMI”.
Reivindicamos que aquellas ayudas vinculadas al crecimiento neto del empleo tengan en consideración, y se excluyan del cómputo de las plantillas a aquellas personas que se encuentran en situación de ERTE y que la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo durante 3 años se entienda suspendido durante este excepcional periodo.
Otra reivindicación clásica son los derechos de las personas con incapacidad laboral, pues entendemos que cualquiera sea la vicisitud de su contrato, debe asegurarse su posibilidad de vuelta al CEEIS.
Asimismo, un órgano que es casi la esencia del Centro Especial de Empleo, como es la unidad de apoyo, debe recibir una flexibilización de sus funciones, para adaptarlas a estas especiales circunstancias y que no se obligue a la sustitución de los trabajadores de estos órganos mientras dure la pandemia.
Para acabar, recordamos la necesidad de asegurar el acceso a los EPI para nuestros trabajadores. Además, solicitamos que la administración financie el complemento de Incapacidad Temporal que recoge nuestro Convenio Colectivo y, por último, no podemos olvidar a las personas con discapacidad de colectivos de difícil inserción, para los que reclamamos un aumento de su nivel de ayudas.
Cuando salgamos del confinamiento y del Estado de Alarma, ¿cómo se podrá fortalecer la inclusión que realizan los CEE?
Las políticas activas de empleo, o mejor dicho, todas las políticas deben tener a la Economía Social, y muy especialmente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como aliados.
Creemos que las personas con discapacidad, como siempre, vamos a ser de los sectores más excluidos, tanto en el periodo de crisis como en su recuperación. Los CEEIS tenemos experiencia en crear empleo de calidad, inclusivo y, además, operar en condiciones de competitividad en el mercado. Ojalá seamos considerados como una herramienta potente para conseguir la inclusión.
¿Teme que, tras esta crisis, vuelva una segunda oleada de recortes que perjudique la inclusión?
Esperemos que no, no obstante, tendremos que estar ojo avizor ante cualquier tipo de medida que pueda perjudicar la inclusión.
Tenemos que defender que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social somos la única tipología de Centro Especial de Empleo que somos de Economía Social y que nos merecemos, tanto por nuestros fines, como por provenir de la sociedad organizada de la discapacidad como por el retorno social de nuestro beneficio, un trato diferencial por la administración pública.
No podemos aceptar recortes que ataquen el empleo de las personas con discapacidad y a la economía social.
¿Cuál es su opinión en relación a la adopción de una renta mínima universal?
La renta mínima universal debe configurarse como un derecho subjetivo e individual y, es muy importante, al menos en mi punto de vista, que cumpla con las siguientes características.
La primera, es la individualización de la misma dependiendo de las necesidades. El coste de la vida y las necesidades de una persona con discapacidad es muy diferente, y muy superior, al de una persona sin discapacidad, por lo que debe regularse un ingreso superior al de la persona sin discapacidad.
También debe tenerse en cuenta la discapacidad a la hora de valorar los posibles incrementos por hijos o personas dependientes.
Y, muy importante, la renta mínima universal debe ser un instrumento útil para conseguir la inclusión laboral, educativa y social de la persona receptora y no convertirse en una trampa de pobreza. Las administraciones públicas deben volcarse en implantar políticas activas de empleo, vinculadas con esta renta, que ayuden a la inclusión.
Y, por último, la renta mínima universal no puede suponer una excusa para la desaparición de otras prestaciones o programas públicos.
Por último, cuando esta situación acabe, ¿qué deberíamos haber aprendido de lo que ahora nos está tocando vivir?
Habremos aprendido, quizás por las bravas, que la incertidumbre es un elemento básico y que no debemos obviar y que tenemos que aprender a valorarlo y a lidiar con él.
Otro elemento que hemos puesto de manifiesto es la tremenda plasticidad del ser humano, con una capacidad de adaptación a situaciones insospechadas. Y, por supuesto, la solidaridad que hemos demostrado en los momentos más complicados, tanto las personas que se han volcado en iniciativas altruistas, como las propias entidades de FEACEM (y del movimiento CERMI) que se han puesto a disposición de las administraciones públicas para ayudar hasta el máximo de sus posibilidades.
