Así se desprende del escrito de respuesta que el Defensor del Pueblo ha trasladado al CERMI, que había planteado una queja por el retraso del Gobierno para regular reglamentariamente la asimilación de las personas con inteligencia límite al grado mínimo de discapacidad del 33% a efectos de su inclusión laboral, como dispone la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

 

Las personas con inteligencia límite no suelen alcanzar el 33% de grado de discapacidad con arreglo al baremo vigente, por lo que quedan al margen del marco de apoyos existentes para las personas con discapacidad en el campo del empleo, lo que agrava su situación de exclusión laboral y social.

 

El Gobierno debería haber acometido este desarrollo mediante la aprobación de una norma reglamentaria que determinara exactamente a partir de qué grado de discapacidad reconocido oficialmente (inferior al 33%) operará la asimilación legal para que las personas con inteligencia límite puedan acceder a los beneficios y apoyos para el empleo existentes para todas las personas con discapacidad.

 

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo explica al CERMI que la Secretaría de Estado de Empleo le ha informado de que la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha trasladado a la Dirección General de Empleo una propuesta concreta sobre la definición del ámbito subjetivo, una cuantificación del número de potenciales beneficiarios y las posibles medidas de acción positiva más adecuadas para las personas con capacidad intelectual límite. Y es, precisamente, a partir de esta propuesta sobre la que han comenzado a trabajar la Dirección General de Empleo y el Servicio Público de Empleo.

 

Por último, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán indica al CERMI que ha solicitado a la Secretaría de Estado de Empleo que le vaya informando de los avances que se vayan produciendo en este ámbito.