Así lo explica el Defensor del Pueblo en un escrito remitido al CERMI, entidad que presentó una queja ante la institución dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán por la ausencia de un porcentaje mínimo de VTC accesibles, lo que perjudica a las personas con movilidad reducida.

 

El Defensor del Pueblo expone que no comparte los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Estado, que a partir de un informe de la Dirección General de Transporte asegura que no se puede establecer un mínimo legal de VTC accesibles porque es una actividad discrecional y libre y ningún vehículo tiene la obligación de prestar los servicios.

 

Este informe también alude al elevado coste que supondría para las empresas el cumplir con las obligaciones de adaptación, así como a las dificultades para decidir qué empresas deberían o no cumplir con esta exigencia del 10% de coches accesibles.

 

Pese a todos estos argumentos, el Defensor del Pueblo apunta que se debe dar prioridad a la autonomía de las personas con discapacidad, “necesaria para una vida digna y para su plena inclusión social. Las dificultades esgrimidas en modo alguno pueden suponer un obstáculo para la consecución del necesario objetivo de alcanzar una fracción de un 10% de vehículos accesibles en estos servicios”. Por ello, esta institución ha remitido una recomendación para establecer por ley un mínimo de vehículos adaptados.

 

En este sentido, el CERMI lamenta la respuesta que el Ministerio de Fomento ofrece ante esta reivindicación, con excusas carentes de consistencia, por lo que expresa su deseo de que se pueda abordar este asunto en profundidad y el servicio de VTC tenga también la obligación legal de garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de poder elegir libremente el medio de transporte que desean emplear en cada momento. Y es que, para estos vehículos de arrendamiento con conductor no rigen obligaciones de accesibilidad, como sí ocurre por ejemplo para el servicio de taxi.