La institución que dirige Soledad Becerril se ha dirigido al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al organismo supervisor para hacerles esta petición, que parte de una queja presentada por el CERMI.

 

El CERMI se queja de que la Ley Audiovisual exige a las televisiones que un mínimo porcentaje de su programación sea accesible a personas con discapacidad, pero deja fuera a los mensajes publicitarios. El Defensor ha dado curso a la protesta del CERMI con una recomendación al Gobierno y a la CNMC en la que les insta a que “creen sistemas a través de los cuales se puedan promulgar códigos de conducta o de buenas prácticas que promuevan la adopción de medidas de accesibilidad a las campañas publicitarias, para hacer efectivo el derecho a la información de las personas con discapacidad".