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El Defensor del Pueblo reactiva la investigación por no hacer efectivo el mandato de atribuir a la jurisdicción social las controversias sobre dependencia
08/03/2020
El Defensor del Pueblo ha reactivado la investigación contra los Ministerios de Justicia y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 por no hacer efectivo el mandato legal de atribuir a la jurisdicción social las controversias judiciales derivadas de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Así lo ha comunicado la Institución del Defensor del Pueblo al CERMI que había denunciado en 2015 esta situación de inactividad gubernamental, que dio lugar a una primera investigación que en los últimos dos años ha permanecido paralizada por la situación de Gobierno en funciones, que impide al Ejecutivo promover iniciativas legislativas.
Recuperado el Gobierno en pleno funcionamiento, el CERMI reprodujo la queja inicial, ya que sigue incumpliéndose el deber legal de que todos los litigios relacionados con la Ley 39/2006 pasen de la jurisdicción contencioso-administrativa, la actualmente competente, a la social, como es lo propio por razón de la materia.
La Ley reguladora de la Jurisdicción Social de 2011 estableció que antes de 2015, el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un proyecto de ley de para residenciar en la jurisdicción social las controversias sobre dependencia, mandato que han ignorado los Gobiernos que se han sucedido desde esa fecha, pese a los permanentes recordatorios e instancias del CERMI.
