"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Aquí nos discriminan
Tras la reclamación de Albano Alonso, padre de un niño con un 67% de discapacidad
El Defensor canario pide reformas en las guarderías para incluir a niños con discapacidad
27/11/2013
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, ha recomendado al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) que modifique el reglamento de las escuelas infantiles de la localidad, con el fin de que el modelo educativo incluya los derechos de los niños con discapacidad. Así la razón a Albano Alonso, quien alega que su hijo fue discriminado al no ser admitido en las guarderías públicas del municipio, cuando además su hermano mellizo sí fue aceptado. Al parecer, el menor no fue considerado "compatible con el equipamiento, recursos humanos y el proyecto educativo" del centro.
Una de las recomendaciones que el Diputado del Común envió al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna es el cese en la práctica de excluir alumnos de las escuelas municipales por razón de discapacidad y que se garantice su inclusión en el primer ciclo de educación infantil. El ayuntamiento tiene un plazo de 30 días para dar su respuesta.
Saavedra también aboga por que el reglamento ofrezca un modelo educativo inclusivo de acuerdo con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; por que se excluyan los vocablos que hagan referencia a minusvalía o incapacidad, o que se revise el baremo de calificación de solicitudes de plaza para las escuelas infantiles municipales para incorporar facilidades para las familias en las que alguno de los dos progenitores tenga alguna discapacidad.
El concejal de Bienestar Social, Miguel Ángel González, asegura que estudiarán la propuesta y que ya han comenzado a trabajar en alguno de los cambios solicitados, sin embargo, en el caso del menor con discapacidad, el concejal se muestra convencido de que actuaron de forma correcta, ya que entiende que la educación infantil no es obligatoria y el Ayuntamiento no dispone de medios económicos para atender al pequeño adecuadamente.
Los hechos
El pasado mes de marzo, la familia del menor solicitó una plaza para matricular a sus dos hijos mellizos, en las escuelas infantiles públicas de San Cristóbal de La Laguna. Pasados tres meses, el ayuntamiento publicó las listas provisionales de acceso en las que se admitía a uno de los hijos, sin discapacidad, en los primeros puestos de la reserva, mientras que se excluía al otro, con parálisis cerebral.
Ante este caso, la familia presentó dos reclamaciones formales dirigidas al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto desde el principio.
Después de esas reclamaciones, el pasado 1 de agosto se publicaron las listas definitivas, mediante un decreto concejal, en las que se reflejaba la exclusión definitiva de uno de los hijos por tener una discapacidad y por no poder facilitarle una persona que pudiera atenderle. Así, tras este hecho, la familia volvió a presentar un recurso de reposición dirigido al alcalde en el que se aludía a la vulneración de los principios constitucionales basados en el derecho de igualdad, a la Convención de la ONU y de los principios básicos de las leyes educativas españolas, que abogan por una educación inclusiva.
Por otra parte, también se interpuso otra reclamación ante la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y finalmente al diputado del Común del Gobierno de Canarias.
Alonso reclamó a instancias regionales, nacionales e incluso internacionales. Las últimas, la Comisión Europea, la UNESCO y la ONU. Su objetivo, dice, ya no es que admitan a su hijo en las escuelas infantiles públicas sino que se cambie la ordenanza y que otros niños con discapacidad no sean discriminados.
Actuación del CERMI
Los padres del menor también acudieron al CERMI Estatal y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso de discriminación. El CERMI ha apoyado en todo momento la reclamación de Alonso y asegura que esta decisión es contraria al ordenamiento jurídico español, por lo que ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía para que lo analice en el ámbito de lo Penal".
Carta del padre
Albano de Alonso escribió además una carta a los representantes de los medios de comunicación nacionales y regionales en la que les convocaba para explicar las acciones emprendidas antes estos hechos.
Entre otras cosas, Alonso asegura "Nadie del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, desde marzo hasta la actualidad, nos ha llamado ni nos ha citado para establecer los medios mínimamente exigibles para realizar una valoración de las necesidades reales y exactas de cuidados y atenciones que pudiera precisar mi hijo; no nos requirieron tampoco en ningún momento para aportar informes de los médicos especialistas en rehabilitación pediátrica que lo atienden..."
Y explica: "Ante la extrema gravedad de los hechos, y en nuestra obligación de defender los
derechos humanos de nuestro hijo, en días pasados hemos denunciado por lo penal, ante la
Fiscalía Provincial, al Ayuntamiento de La Laguna, y más concretamente al Sr. Alcalde y al
Sr. Concejal responsable del Área. A esta denuncia se une la ya presentada por el CERMI
estatal ante el Ministerio Fiscal. Asimismo, hemos cursado recientemente denuncia, en el
ámbito de sus competencias, ante los siguientes organismos: Alta Inspección de la Delegación del Gobierno, Secretaría de la Convención de la ONU, Sector de Educación de la UNESCO y Comisión Europea".
