Esta modificación legal, cuyos efectos prácticos de mejora de la compatibilidad entran en vigor en 2016, fue introducida en Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y afecta a la regulación de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, que son aquellas que reciben personas menores de 65 años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que están en una situación de necesidad económica.

 

Desde primeros de año, pues, aumentan un 20 % los umbrales de ingresos compatibles, así como el número de pensionistas que podrán acogerse a esta medida, lo que favorecerá la activación laboral o la mejora de la formación de estas personas, que en muchas ocasiones no daban el paso hacia el mercado de trabajo por miedo a ver rebajada o suprimida su pensión.

 

Esta medida fue consecuencia de una demanda sostenida del movimiento social de la discapacidad representado por el CERMI, que fue asumida por el Parlamento en la Legislatura recién acabada.