Entonces, ¿se trata de un derecho o no? Estas decisiones empiezan a poner negro sobre blanco el desarrollo de una ley que la sociedad española sabe que no se está cumpliendo al completo desde hace años. Rara es la familia que no tiene en su casa una persona dependiente. Y al margen de los partidismos (o de determinar quién paga la prestación, si el Gobierno o las autonomías), la puesta en práctica de la ley y su desarrollo se ha quebrado.

 

Como reclama el Cermi, es necesario un pacto de Estado para culminar este sistema de protección social. Toda ley (y esta más) necesita un examen, una revisión. En este caso, el trabajo preliminar fue lento; el desarrollo, desigual, y ahora, una vez que se han cumplido cinco años de su entrada en vigor, toca la fase de evaluación. Y el resultado es desigual. 

 

Pueden mejorarse bastantes aspectos de la Ley: hay una peligrosa identificación de la discapacidad con la dependencia; un derecho sometido a la disponibilidad de recursos económicos, no supone un derecho real; hay una ausencia de participación de los sectores sociales en la aplicación autonómica de la norma; el proceso de valoraciones a veces contraviene la propia ley porque se realiza sin la presencia de las personas; hay que revisar el copago, por lo menos a las personas que tienen menos recursos (y esta decisión no se tomó en el foro adecuado); las homologaciones de una gran invalidez con la dependencia es injusta; habría que ampliar el catálogo de prestaciones y servicios; hay un sistema de incompatibilidades entre autonomías; la integración de este derecho en la Seguridad Social daría más cohesión a la norma; la municipalización de la ley permitiría una aplicación más directa; falta una adaptación a la Convención de la ONU; hay que vincularla con la sanidad… Muchas asignaturas pendientes que necesitan un debate sosegado y un gran pacto similar al Pacto de Toledo de las pensiones. El nombre de la ciudad da lo mismo. Lo importante es fortalecer el sistema y garantizar su futuro.