Inspirada por el CERMI, esta proposición de ley se compone de un artículo único sobre "la efectividad de la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas que se promuevan en materia de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia".

 

Así, se señala que "con efectos desde 1 de enero de 2021, la jurisdicción social conocerá en exclusiva de las cuestiones litigiosas que se promuevan en relación con las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social, con arreglo a lo establecido en la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social".

 

Además, incluye una disposición transitoria única en la que se incide en que "los procesos que en el momento de hacerse efectiva la previsión del apartado anterior estuvieran siendo conocidos por la jurisdicción contencioso administrativa continuarán sustanciándose ante ese orden jurisdiccional conforme a las normas aplicables al mismo, hasta su terminación completa". 

 

Fuente: Servimedia