Así lo ha informado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al CERMI, en un escrito de respuesta a una queja presentada por la plataforma de la discapacidad, y que ocasionó la apertura de una investigación por parte de la institución del Defensor del Pueblo.

 

La cualificación profesional de asistente personal, inexistente en el catálogo nacional de cualificaciones, lleva acumulado un enorme retraso, a pesar de que desde 2007 la asistencia personal está recogida en la Ley 39/2006 de Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia como una prestación de este sistema de protección social.

 

Como consecuencia de una queja presentada por el CERMI, la institución del Defensor del Pueblo ha investigado la situación del proceso para crear esta cualificación profesional, iniciado en 2008, y ha determinado que el mismo fue bloqueado en 2010 por el IMSERSO, cuando estaban muy adelantados los trabajos preparatorios, por entender que era muy escaso el número de potenciales profesionales.

 

A la luz de estos hechos, la Defensora del Pueblo se dirigió a los ministerios de Educación y Empleo, responsables de las cualificaciones profesionales, y al de Servicios Sociales, encargado de impulsar y desplegar la Ley 39/2006, para que en el proceso de revisión de las cualificaciones profesionales relacionadas con la autonomía personal y la atención a la dependencia, para que retomaran la regulación de la asistencia personal como cualificación propia y diferenciada.

 

Tras comprobar que el proceso de definición de esta cualificación profesional ha sido puesto en marcha por los ministerios competentes, y que en el mismo se dará participación al movimiento de la discapacidad, la Defensora del Pueblo cierra la investigación por este incumplimiento.

 

La creación de esta cualificación es uno de los factores precisos para que la prestación de asistencia personal se extienda y se generalice entre las personas con discapacidad, ya que es la más apropiada para permitir una vida independiente y la inclusión en la comunidad, derecho reconocido en el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.