"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derechos Humanos
El CERMI exige el cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas sobre las personas refugiadas con discapacidad
23/03/2021
El CERMI ha reclamado que España dé respuesta, desde un enfoque exigente de derechos humamos, a las personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacidad, tal y como advirtió el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en segunda revisión de 2019 sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el Examen Periódico Universal de derechos humanos de 2020.
El objetivo de la jornada ha sido establecer un marco de cooperación estable con las Administraciones Públicas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones dedicadas a las protección internacional y entidades de la discapacidad, para compartir los retos, las necesidades y las buenas prácticas en aras de realizar un abordaje inclusivo, interseccional y conforme a los derechos humanos con las personas con discapacidad en situación de protección internacional que garantice una mejor identificación, acompañamiento y protección de estas personas.
De hecho, el delegado Derechos Humanos para la Convención de la ONU del CERMI, Jesús Martín, ha recordado que el Comité de la ONU también mostró preocupación por el hecho de que los procedimientos de determinación de la condición de refugiado no sean accesibles. Por eso, ha continuado, es “fundamental establecer un marco de cooperación, permanente y sólido para que, en última instancia, estas personas que llegan a España y que tienen una discapacidad o la adquieren en el proceso mantengan intactos sus derechos humanos”.
Personas con discapacidad refugiadas en Europa
En este sentido, la coordinadora de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), An-Sofie Leenknecht, ha explicado el Programa sobre intervención con personas con discapacidad refugiadas en Europa. De esta manera, ha afirmado que “las personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacidad son un grupo invisible y no cuentan con apoyo y asistencia en los centros de recepción y durante el proceso de solicitud de asilo, a lo que se suma la inaccesibilidad a los servicios o la suspensión de los mismos por la irrupción de la COVID-19”.
“Desde la EDF hemos pedido a la Unión Europea que responda ante la crisis migratoria y que lo haga desde un enfoque de derechos humanos ya que el abordaje debería estar en consonancia con la Convención de la Discapacidad y con la Convención sobre los Refugiados de 1951”, ha recalcado. Sin embargo, ha lamentado que “el marco jurídico y político de la UE no está en línea con la CDPD y que, aunque existe una política común de la UE sobre asilo y migración, faltan procedimientos para identificar a las personas con discapacidad”.
En este sentido, Leenknecht ha manifestado que, aunque en 2020 la Unión Europea adoptó un nuevo pacto sobre migración y asilo, no incluye adecuadamente a migrantes y solicitantes de asilo con discapacidad y no establece un enfoque de derechos humanos, por lo que EDF instó a “tener en cuenta a todas las personas con discapacidad”.
Además, Andrés Nava, una persona refugiada con discapacidad, procedente de Venezuela, ha intervenido durante la reunión y ha puesto de manifiesto la necesidad de “formar a personal funcionario para que sepan cómo tratar a las personas con discapacidad”. Asimismo, ha denunciado las “dificultades administrativas” en la obtención del certificado de discapacidad para estas personas, así como la falta de accesibilidad de los servicios de acogida.
Por su parte, desde ACNUR, Eva Menéndez ha explicado cómo se está trabajando para la realización de un cuestionario sobre las personas refugiadas con discapacidad con el fin de identificar los principales retos y necesidades de esta población.
Por último, Jesús Martín, ha manifestado que en el marco de esta iniciativa “se está trabajando en una guía sobre pautas para una mejor intervención y acompañamiento a las personas refugiadas con discapacidad, con el objeto ser un recurso de utilidad para que administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones sociales y entidades de la discapacidad realicen un abordaje inclusivo, interseccional y conforme a los derechos humanos”.
