"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El CERMI pide al Gobierno que las personas con discapacidad sean prioritarias en la nueva estrategia contra la pobreza energética
09/01/2019
Así lo ha trasladado el CERMI al Gobierno en la fase de consulta pública abierta para la aprobación de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza energética, a partir del Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico vigentes en la actualidad, que aunque contienen algunas de las reivindicaciones del sector de la discapacidad, es un sistema “débil, de alcance restringido, de carácter acumulativo, sumando lógicas distintas e incoherentes, por lo que carece de ambición e integralidad”.
“Es el momento de adoptar una nueva Estrategia de nuevo cuño, sobre bases renovadas, que mantenga el grado de protección alcanzado (que nadie pierda), pero ampliándolo y extendiéndola a todas las situaciones de necesidad, para darles una respuesta adecuada”, explica el CERMI.
En este sentido, la entidad aboga por implantar a medio y largo plazo modelos energéticos domésticos eficientes que supongan un ahorro efectivo para los hogares, minimizando progresivamente el peso relativo que el consumo energético tiene en la economía de las unidades de convivencia. Entre otras cosas, esto pasa por exigir un diseño eficiente de las viviendas de nueva construcción, y que en las estrategias de rehabilitación urbana, se favorezca especialmente las medidas de eficiencia energética.
Medidas a corrto plazo
“Pero en el corto plazo, solo caben políticas públicas que compensen y minimicen, con apoyo oficial suficiente, los graves problemas de pobreza energética que tienen amplias capas sociales de nuestro país”, precisa la entidad.
Entre estos grupos sociales, el CERMI subraya la importancia de tener en cuenta a los hogares en los que residen las personas con discapacidad, puesto que en general, tienen menos ingresos y afrontan más gastos. Así, con frecuencia necesitan aparatología (sillas de ruedas eléctricas, respiradores, productos de apoyo de distintos tipos, etc.) que se nutren de electricidad, y que suponen un gasto mayor que el de otras personas y familias, que han de afrontar en solitario, si es que pueden hacerse cargo de él.
De igual modo, las personas con discapacidad pasan más tiempo en sus hogares que la media, viéndose obligados a consumir más energía. Esto se debe, por ejemplo, a su mayor tasa de desempleo o situaciones de inactividad laboral y a barreras arquitectónicas o falta de recursos humanos que faciliten a la persona con discapacidad entrar y salir libremente de su casa.
“Este sobrecoste debe ser tenido en cuenta y compensado, más allá de la capacidad de renta concreta de esa persona o familia, objetivando las situaciones de discapacidad, que quedarían definidas como grupo social de riesgo, acreedor de los apoyos públicos más intensos por presentar esta condición, sin atención a su renta”, reclama la plataforma representativa de la discapacidad en España.
Por último, el CERMI plantea que, aunque la responsabilidad de la aprobación de la estrategia contra la pobreza energética y su posterior aplicación es de la Administración General del Estado, su elaboración se haga de manera dialogada y con la participación de la sociedad civil.
