A tenor de la enmienda introducida por la Cámara Alta al texto remitido por el Congreso, la cual fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular, “la información estadística obtenida (…) deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas”, añadiendo que “igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de los menores víctimas de violencia de género, que permita también la desagregación con indicador de discapacidad”.

 

Esta previsión de información diferenciada por motivos de discapacidad de la víctima, se refuerza con un mandato al Gobierno para que adopte “las medidas necesarias, en el ámbito de la Comisión de Estadística Judicial para que los boletines estadísticos elaborados en relación con los delitos de violencia sobre la mujer incluyan el indicador de discapacidad”.

 

Además de estos avances, a su paso por el Senado, la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, ha sido mejorada, desde el punto de vista de las mujeres y niñas con discapacidad, con la incorporación de otra enmienda relativa a la accesibilidad universal.

 

En este caso, la enmienda adoptada por el Senado se dirige a que las dependencias de juzgados y tribunales para evitar la confrontación de agresores y víctimas, “deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción”.

 

Todas estas medidas favorables a las mujeres y niñas con discapacidad en la lucha contra la violencia de género obedecen a propuestas de enmiendas articuladas y motivadas que la Fundación CERMI Mujeres planteó a los grupos políticos del Senado, y que finalmente han sido incorporadas al texto legal procedente del Congreso, mejorándolo significativamente.