Lo hace en una carta que ha enviado al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la que subraya que “la colaboración de la sociedad civil y, en particular, del movimiento social de las personas con discapacidad, ha sido clave para el éxito de este proyecto, y para que en él se hayan podido reflejar las necesidades e inquietudes de las personas cuyas vidas y derechos está destinado a mejorar”. Por ello, agradece “el trabajo, colaboración y compromiso desarrollados por Cermi en relación con el proyecto” que fue aprobado en el Congreso con un amplio consenso parlamentario.

 

El ministro comparte con el movimiento asociativo la “inmensa alegría” por la aprobación de la nueva norma y la gran trascendencia de un cambio legislativo que consagrará, “por fin, la igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, garantizando el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de todas las personas que necesiten apoyo para la toma de decisiones”.

 

Impulsado por el CERMI, este cambio legislativo acaba con la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica y establece la imposibilidad de anular esta última. Suprime, por tanto, las figuras de la tutela y de la patria potestad prorrogada y, en su lugar, introduce la obligación por parte de los poderes públicos de prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para poder tomar sus decisiones de forma libre, autónoma e informada.