Opinión
Cuestiones pendientes en materia de discapacidad
Emilio Olabarria, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados
04/02/2013
Constituye un déficit recurrente en todos los Gobiernos que se han ido sucediendo en la transición política, cualquiera que sea su identidad ideológica, mantener déficits importantes en la atención a los personas con discapacidad y, por ello, incumplir, de forma igualmente recurrente, el mandato del artículo 49 de la Constitución: “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. (Por cierto, resulta absolutamente desafortunada la utilización de la expresión “disminuidos” usada por el legislador constituyente).
Se siguen incumpliendo los requerimientos de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas y la práctica totalidad de las normas sectoriales que afectan a este colectivo.
"El número de problemas pendientes de resolver resulta abrumador"
No obstante lo anterior, no todas las decisiones son negativas. Se han acometido reformas que posibilitan el ejercicio del derecho de sufragio en braille a las personas ciegas (la primera iniciativa en esta materia la presentó nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados), se han acometido reformas en la Ley de Propiedad Horizontal para la remoción de obstáculos arquitectónicos para las personas afectas por problemas de movilidad limitada, se ha incorporado a la agenda política el grave problema de la sordo-ceguera, y, pretendidamente, se ha impulsado la empleabilidad de los discapacitados a través de leyes como la LISMI o las normas reguladoras de Centros Especiales de Empleo.
"La LISMI no se cumple, los Centros Especiales de Empleo están cerrando ante la reducción de los instrumentos de promoción pública y la constricción de la demanda provocada por la crisis económica..."
En todo caso, el número de problemas pendientes de resolver resulta abrumador. La LISMI no se cumple, los Centros Especiales de Empleo están cerrando ante la reducción de los instrumentos de promoción pública y la constricción de la demanda provocada por la crisis económica. Y en materia de Seguridad Social los problemas de las personas con discapacidad en relación a las prestaciones de las contingencias protegidas se han ignorado palmariamente.
La reflexión anterior in fine, la relativa a la Seguridad Social, provocará que nuestro Grupo Parlamentario presente una iniciativa relativa a la atención de orfandad una vez ocurrido el fallecimiento del causante para aquellos hijos menores de 18 años o mayores que tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. El problema que se suscita es que este grado de incapacidad solo puede solicitarse si la persona ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social; quedan por ello fuera de la protección del sistema, que por imperativo del artículo 41 de la Constitución debe ser universal, las personas discapacitadas que no han trabajado y por tanto no han cotizado. En estos casos, deben esperar al fallecimiento de su padre que, en los casos que en la madre no cotice, le permita solicitar la pensión de orfandad absoluta.
Los centros ocupacionales y los Centros Especiales de Empleo están saturados; ya hemos comentado que su supervivencia está crecientemente comprometida, y por lo tanto se genera una discriminación contraria al principio de igualdad y conceptualmente aberrante en relación a las personas con discapacidad a las que la administración institucional de la Seguridad Social no analiza sus circunstancias y no prevé si en el futuro tendrá derecho a la declaración de dicha incapacidad, o en su caso debe esperar a la orfandad absoluta. Este es un problema que vamos a intentar resolver en diversos ámbitos: en el Pacto de Toledo, a través de negociaciones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en negociaciones con otros Grupos Parlamentarios, y mediante la presentación de una Proposición No de Ley.
