Opinión

En torno al envejecimiento activo

Por Paulino Azúa, presidente del Grupo de Trabajo del CERMI sobre Envejecimiento Activo

01/11/2011

El 6 de septiembre de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la decisión de declarar el año 2012 “Año del envejecimiento activo”, con la finalidad global de “fomentar y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, de los interlocutores sociales y de la sociedad civil para promover el envejecimiento activo y redoblar el esfuerzo por movilizar el potencial de las personas, cada vez más numerosas, próximas a los sesenta años o mayores, preservando con ello la solidaridad intergeneracional”.

Esta Decisión de las instituciones europeas tiene, a mi juicio, dos áreas fundamentales: Las propias personas mayores –convencionalmente las que tienen más de 65 años- a las que se anima a mantener una vida activa, tan activa como sea posible, tanto desde el punto de vista emocional como de la participación en las distintas oportunidades y servicios de que dispone la sociedad, y esta misma sociedad que debe de crear las condiciones necesarias para hacer posible el envejecimiento activo.

No es tarea fácil, porque el imaginario social ha visto a los viejos, especialmente en núcleos rurales, como elementos pasivos y con una imagen peyorativa “En la plaza un viejo está sentado al sol con la bragueta llena de moscas...” (C. J. Cela: Judíos moros y cristianos). De hecho, todavía la vejez se relaciona con frecuencia con la enfermedad, la incapacidad o la dependencia, y son aún desgraciadamente numerosas las situaciones en las que las personas mayores están excluidas del empleo y de la vida familiar y social. Además existe cierta prevención porque la llamada tercera edad se convierta en una carga excesiva para los más jóvenes en edad de trabajar y que ello provoque tensiones entre generaciones. Por eso a la denominación oficial del año se le ha añadido “de la solidaridad intergeneracional”, precisamente para generar políticas y actitudes sociales que eviten esas tensiones latentes.

Según un avance de la explotación estadística del Padrón Municipal a 1 de enero de 2009, en España,  hay siete millones setecientas setenta y ocho mil personas mayores de 65 años. Si estadísticamente la población con discapacidad es del nueve por ciento del total de la población, el número de personas con discapacidad en ese tramo de edad es superior a setecientos mil. Pero sería un error basarse en cifras pensando solo en el colectivo de personas que, teniendo una discapacidad, han superado los 65 años. Es necesario tener en cuenta el número de personas que, partir de esa edad, tienen limitaciones y enfermedades que les convierten, también a ellos, en personas con discapacidad. Por eso la cifra resultante es sustancialmente mayor.

En todo caso, conseguir que un número tan importante de ciudadanos en esa doble circunstancia –edad avanzada y discapacidad- tengan un envejecimiento activo, no es tarea fácil. Para ello, entiendo que hay que trabajar en tres frentes.

- Las propias personas con discapacidad a las que la sociedad ha condenado, en demasiadas ocasiones, a llevar una vida pasiva, sin alternativas, con escasas o nulas posibilidades de participar tanto en la vida social como, a veces, incluso en la familiar.

-  La sociedad, que continúa pensando y, lo que es más grave, actuando como si quien tiene una discapacidad tuviera menos derechos que quienes no la tienen. Muchos ciudadanos reconocen en abstracto esa igualdad de derechos, siempre que tales derechos no entren en competencia con los propios.

-  Los poderes públicos que deberán actuar de forma que los ciudadanos mayores con discapacidad puedan vivir de forma independiente. Para ello deberán actuar en ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte. Y estos ámbitos deberán estar desarrollados por el principio de accesibilidad universal actuando de forma transversal en todos ellos.

Tienen para ello un instrumento específico como es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos principios básicos enunciados en el artículo 3 –respecto a la autonomía individual, no discriminación, participación plena en la sociedad, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades y accesibilidad- señalan el camino por seguir.

Un camino ya iniciado, pero que solo ha dado los primeros pasos. Bien están las modificaciones normativas efectuadas, también son bienvenidos los esfuerzos sinceros de muchas administraciones locales por hacer accesibles, en el amplio sentido del término, sus municipios. Pero queda por delante una larga travesía en la que las propias personas con discapacidad deberán realizar nuevos esfuerzos para convencer a la sociedad de que pueden aportar multitud de beneficios y para reivindicar con firmeza que los derechos tienen que convertirse en realidades cotidianas.

Paulino Azúa
Presidente del Grupo de Trabajo del CERMI sobre Envejecimiento Activo