Cuéntenos cuál es la labor del CERMI, así como su implicación particular.

 

El CERMI es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. Más de 3,8 millones de hombres y mujeres y sus familias, conscientes de su situación como grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía, en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de la sociedad.

 

En el año 2011, el CERMI fue designado oficialmente por el estado español como entidad independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Este reconocimiento tiene implicaciones que se materializan en velar, desde la sociedad civil, por el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, denunciar sus incumplimientos y promover sus mandatos, y ahí es donde yo ejerzo como delegado.

 

Explíquenos muy brevemente qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su importancia.

 

Es el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades e igualdad de la ciudadanía con discapacidad. Lo es porque en su elaboración participaron las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Este instrumento ha tenido importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales destaca la visibilización de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas mujeres y hombres.

 

Teniendo en cuenta que en España la Convención y su protocolo facultativo entraron en vigor en el año 2008, ¿qué se ha hecho desde entonces para su aplicación en el Estado español?

 

Es de justicia reconocer que España avanza en materia de discapacidad, pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendiente el resto. Existe un tibio compromiso a la hora de que la Convención permee las políticas públicas. El gobierno central lo tiene más claro, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos la ven muy lejana.

 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha detectado problemas en España en distintos ámbitos (accesibilidad, sustitución de la voluntad y consentimiento, capacitación, formación y concienciación, inclusión laboral y educativa…), ¿Qué propuestas concretas hace el CERMI para mejorar en estos ámbitos?

 

La mejor receta es el cumplimiento de la ley, y esto implica acatar y llevar a término los derechos que se recogen en la Convención. Si bien las observaciones que emite este comité de Naciones Unidas a nuestro país todavía producen sonrojo, en ningún caso deben verse como un castigo, sino como una oportunidad de mejora, de cambio social.

 

El Comité también expresa la necesidad de adoptar la perspectiva de género y prestar atención a la infancia. Además, destaca el problema de la discriminación en el marco de la interrupción voluntaria del embarazo y también señala la necesidad de suprimir la esterilización forzosa. ¿Cómo podemos dar respuesta a esta problemática?

 

Desde el 3 de mayo de 2008, la Convención forma parte del ordenamiento jurídico interno español, lo que significa no solo que puede ser aplicada por nuestros tribunales, sino también que las normas españolas que recogen derechos fundamentales deben interpretarse a la luz de este Tratado. Por tanto, la legislación debe adaptarse a lo establecido en la Convención y las juezas y jueces deben resolver conforme a la misma. Eso afecta a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al código penal, en el que se legisla la esterilización forzada, o a las leyes y a las políticas públicas para erradicar la violencia machista.

 

Las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de formas agravadas de discriminación, y no hablo solo de los efectos perverLas mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de formas agravadas de discriminación, y no hablo solo de los efectos perversos que producen los estereotipos de género construidos desde el machismo y el patriarcado, sino también de esas otras ideas construidas por una sociedad capacitista que acaba expulsando de la sociedad a miles de mujeres y niñas con discapacidad, condenándolas a la invisibilidad, incluso en el marco de las políticas de igualdad más avanzadas.

 

Háblenos ahora de los logros. ¿Qué buenas prácticas se pueden destacar en España respecto a la aplicación de la CRPD?

 

Se ha propiciado un cambio legislativo en el régimen electoral español para que todas las personas con discapacidad, sin excepción, puedan ejercer el derecho a sufragio. Asimismo, hay en marcha una reforma constitucional, que no se ha culminado aún, del artículo que la Constitución dedica a la discapacidad para alinearla con la Convención.

 

Pero en la esfera donde los efectos de la Convención se dejan sentir con mayor contundencia es en la de la plena igualdad jurídica de las personas con discapacidad. También hemos trabajado para la toma de conciencia de este tratado, para que al Gobierno declarase el día 3 de mayo Día Nacional de la CDPD. No puedo dejar de señalar que se ha logrado que el legislador constituyera en ambas cámaras sendas comisiones permanentes legislativas para el abordaje legislativo de la discapacidad, como que el Poder Judicial también constituyera y mantenga activo el foro Justicia y Discapacidad o la creación de una fiscalía especializada de discapacidad, que debe ser dotada de recursos para que sea efectiva.

 

Todo esto ha sido posible gracias al diálogo civil que ha sido fortalecido por el Estado español, pues la razón de ser de la sociedad civil de la discapacidad reside en maximizar el protagonismo de la gente y el bienestar de la comunidad.

 

Según su opinión, ¿Qué aspectos, de todos los que recoge la CDPD, serían los de más urgente aplicación para un buen desarrollo?

 

Como feminista convencido que soy, inicio esta letanía de mejoras perentorias recordando que el sistema penal español sigue autorizando la esterilización forzosa, que se aplica, en la práctica, fundamentalmente a mujeres y niñas con discapacidad, incapacitadas judicialmente, y a las que se

priva de una función esencial corporal, como es la posibilidad de tener descendencia sin que ellas hayan tomado la decisión o lo hayan hecho a través de instancias ajenas.

 

España sigue sin entender que la vida en común y la inclusión son los principios que deben regir todas las políticas públicas. El artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil mantiene el internamiento no voluntario por razón de trastorno mental, poniendo en peligro la libertad, la seguridad y la integridad de las personas con discapacidad psicosocial.

 

El incumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal supone un auténtico fracaso en las políticas públicas españolas. Como saben, el 4 de diciembre del 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los entornos, bienes, productos y servicios. Nuestro país sigue lleno de muros, barreras y obstáculos. Por tanto, podemos decir que la inaccesibilidad es aún el paisaje habitual en España para las personas con discapacidad, sin que haya habido una reacción legal para exigir el cumplimiento de la norma y castigar las vulneraciones. Esta falta de compromiso tiene, además, efectos nocivos para las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, como la educación, el empleo, la cultura, la justicia o la salud, el ocio y el deporte.

 

En materia educativa, solo puedo añadir que no hay ningún esfuerzo en marcha, ninguna acción pública vigorosa, para dar efectividad a los mandatos de la Convención en esta cuestión transcendental. En este sentido, debemos iniciar sin más demora un proceso progresivo de transformación y mejora del sistema educativo para que pueda acoger a todas las niñas y niños con discapacidad en condiciones de calidad e igualdad, garantizando los apoyos efectivos, así como su presencia, progreso y participación en una escuela que eduque a todas las personas sin excepciones.

 

¿Qué mecanismos tienen las personas con discapacidad (y sin discapacidad) para denunciar alguna vulneración de la Convención en España?

 

Tenemos instancias administrativas, como la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad del Ministerio de Sanidad o el propio Defensor del Pueblo, y por supuesto tenemos la justicia. Sin embargo, cuando acudimos a ella buscando reparación nos encontramos con muros, procesos y procedimientos que no contemplan nuestra realidad, por no hablar de aquellas barreras actitudinales que cercenan nuestra credibilidad y que resultan terriblemente eficaces a la hora de calificarnos, de juzgarnos y de ubicarnos en posiciones periféricas.

 

Para acabar, ¿cuál es el reto que debemos trasladar a la ciudadanía, sabiendo que son los gobiernos los responsables del cumplimiento de los objetivos de la Convención, para vivir en igualdad y libertad juntos, incluidas nuestras diversidades?

 

Queremos una sociedad en la que estemos todas las personas JUNTAS, participando JUNTAS y progresando JUNTAS; una sociedad que no señale, que no aparte y no discrimine a NADIE. Ese es mi anhelo, como persona con discapacidad para mi país y como delegado del CERMI para los DDHH y la Convención. Porque creemos que esa transformación hacia la inclusión, la vida en comunidad, la igualdad y los derechos es posible siguiendo y cumpliendo los mandatos de la Convención.

 

Entrevista publicada en 'Sobre ruedas' Nº 101 (publicación del Instituto Guttmann)