Lleva desde 2008 al frente del CERMI y 20 años trabajando en el sector social de la discapacidad, en todo este tiempo, ¿en qué aspectos podríamos decir que hemos avanzado?

 

No es fácil tomar distancias y analizar y juzgar desapasionadamente, cuando la implicación ha sido tan intensa y tan prolongada. No obstante, pese a este riesgo, me atrevería a decir que estos años no han pasado en vano, y que hoy la posición de las personas con discapacidad, en cuanto a derechos, inclusión y bienestar, está más reforzada, pese a las múltiples carencias aún subsistentes. Por desgracia, el proceso de plena participación de las personas con discapacidad es de largo aliento, pues la exclusión ha sido también estructural e histórica. Si nos ceñimos a la dimensión política, la propia del CERMI, la cuestión de la discapacidad como asunto público, ha ganado enteros, sin duda. Está más presente y se es más consciente; esto obedece claro está a la ciudadanía con discapacidad comprometida y organizada y nos enseña que el proceso progresivo de mejora está en nuestras propia manos, si le imprimimos más vigor, será más rápido y más productivo.

 

En estos años de crisis económica, el conjunto de la sociedad ha visto cómo se mermaban sus derechos, ¿cómo ha afectado este largo período de recesión al sector de la discapacidad en particular?

 

Somos, como población con discapacidad, más vulnerables y acusamos en mayor medida que la media de la ciudadanía, los efectos negativos de las épocas económicas adversas, incluso devastadoras, como esta que estamos viviendo y de la que aún no sabemos a ciencia cierta si la estamos dejando atrás. Nuestra posición de partida es de mayor fragilidad y los embates tienen más capacidad destructiva. Se produce la paradoja de que en los momentos de bonanza económica, cuando la opulencia llega a grados de obscenidad, las personas con discapacidad y sus familias no participan del festín, como mucho nos llegan algunas sobras, pero en los momentos funestos, somos las primeras en sentir su sacudida. Estos años están siendo de cataclismo social para la discapacidad y nos ha tocado resistir a todo trance, nuestra capacidad de supervivencia se ha extremado.

 

En este sentido, es necesario hablar de dependencia y de una de las líneas fundamentales de actuación del CERMI en estos momentos, la puesta en marcha una Iniciativa Legislativa Popular dirigida a modificar la Ley 39/2006 para establecer en sede legal la exención de aportación económica (copago) por parte de las personas beneficiarias que tengan una capacidad de renta inferior a 2.5 veces el IPREM, ¿en qué punto se encuentra este importante proyecto de movilización activa del sector de la discapacidad?

 

Estamos, permítaseme el símil militar, en zafarrancho de combate, con todos los efectivos desplegados de acuerdo con el calendario previsto. La operativa, la mera logística por dar un detalle, de una Iniciativa Legislativa Popular es laboriosa y complicada, y no teníamos experiencia, somos bisoños en esto, no lo habíamos hecho antes. Pero estimo que está todo dispuesto para conseguir el objetivo pretendido, obtener al menos 500.000 firmas, para llevar esta cuestión al Parlamento. Pido a la buena gente de ACIME que se involucre del modo más intenso para que la discapacidad militar dé una vez más un ejemplo de compromiso con toda la discapacidad, que logren el mayor número de firmas posible.

 

La participación de asociaciones representativas del sector de la discapacidad en distintos órganos de consulta donde, habitualmente, la discapacidad no tiene voz es otra de sus luchas. El CERMI apostó por apoyar una de las demandas que ACIME hacía en ese sentido, tener presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, y se ha conseguido...

 

Es un signo de la mala política, de la deficiente gobernanza pública que aqueja a nuestro país que hasta lo obvio, lo que cae por su propio peso, haya de ser disputado, obligue a ser ganado casi en campo de batalla. El que los sectores sociales organizados, como el de la discapacidad, y también y en particular el de la discapacidad militar, estén presentes en los órganos de participación y consulta con los que guardan relación es un elemento positivo, enriquece la acción pública y mejora las políticas oficiales. No cuesta y da a ganar. Algo tan evidente, es negado y se requiere de esfuerzos ingentes y de tiempo del que carecemos para, con presión e incidencia, sortear inercias y resistencias improductivas. El caso de ACIME y el Consejo del que habla es paradigmático; contar con la opinión de la discapacidad militar que representa ACIME solo puede ser bueno, positivo para la política de defensa, es un factor virtuoso, que genera bien, bien social. Me alegra que desde el CERMI hayamos podido ser de alguna ayuda a ACIME en este logro.

 

El empleo de las personas con discapacidad, y la legislación relacionada con ello, es uno de los aspectos que más preocupan al colectivo, ¿cuáles son las principales demandas del sector en esta materia?

 

Como CERMI, reclamamos un nuevo modelo legal de inclusión laboral de personas con discapacidad en España, que no puede demorarse mucho en llegar. Después de 30 años de vigencia del modelo legal existente, pese a los avances, que los ha habido, las personas con discapacidad siguen excluidas estructuralmente del empleo. Nada es hoy, en materia de empleo, como hace tres décadas, por lo que las fórmulas imperantes ya no pueden dar más de sí, y hay forzosamente que trascenderlas, quedándose con lo positivo, pero ampliando los horizontes para que podamos responder al enorme desafío de la inactividad, el gran flagelo de las personas con discapacidad en relación con el empleo. CERMI tiene trazados los grandes rasgos de ese nuevo marco regulatorio, a disposición de los representantes del pueblo para que lo materialicen cuanto antes.

 

El pasado 13 de marzo asistimos a la presentación de la Fundación CERMI Mujeres. Las mujeres y los niños con discapacidad son colectivos más vulnerables, si cabe, ¿qué actuaciones realiza el CERMI en defensa de sus derechos?

 

La Fundación CERMI Mujeres es la estructura del CERMI al servicio de la igualdad efectiva de las mujeres y las niñas con discapacidad. Se trata de un nuevo mecanismo operativo para dar cauce y salida al gran asunto que como discapacidad organizada y que como movimiento social tenemos planteada, y cuya respuesta es inaplazable, a saber, el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, que en este sector siguen excluidas y discriminadas; en esto nos parecemos al resto de estructuras sociales, que restringen y cercenan el potencial de las mujeres.

 

Los militares y guardias civiles que adquieren una discapacidad en el ejercicio de sus funciones, colectivo representado por ACIME, pasan a situación de retiro. Su vida laboral se ve truncada cuando adquieren una discapacidad. Una de las principales reivindicaciones de ACIME es que no se excluya a estas personas. ACIME y CERMI han trabajado de la mano en la presentación de una serie de enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley de la Carrera Militar porque consideran que no se da solución al trato desigual que siguen sufriendo militares con discapacidad, y que supone una vulneración de los derechos reconocidos a todas las personas con discapacidad...

 

En efecto, ACIME con el apoyo del CERMI venimos reclamando la completa solución de las situaciones de trato desigual y de discriminación que sufren los militares con discapacidad sobrevenida, y el lugar donde se puede resolver esto es la Ley de la Carrera Militar. Son ya muchos años, y muchos intentos, para que de una vez por todas se apliquen, en la esfera del personal militar, los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asistimos a la enésima reforma de esta Ley, y ACIME y CERMI hemos vuelto a la carga, recordando que hay una deuda pendiente y que toca sin más dilación saldarla.

 

En este sentido, han propuesto, también, la creación de un Cuerpo Honorífico Castrense de Discapacidad, ¿qué supondría para el sector de la discapacidad en general, y de los militares, en particular, la creación de este Cuerpo?

 

Si esta propuesta de ACIME, asumida con convicción por CERMI, se materializara significaría que se comenzaría a reparar un agravio, demasiado dilatado en el tiempo, que han sufrido, que están aún padeciendo los militares con discapacidad sobrevenida. Sería una forma óptima de buscar un encaje y ofrecer una solución satisfactoria, permanente y honrosa a ese conjunto de personas, militares que han adquirido una discapacidad en el desempeño de su noble función, que pese a la enorme contribución que han efectuado, incluso sacrificando su persona, por los Ejércitos, por sus conciudadanos y por su país, desean ardientemente seguir aportando, permanecer plenamente conectados con las Fuerzas Armadas para desde una cierta nueva posición, continuar comprometidos con la Defensa de su comunidad y sus valores. Nunca agradeceremos bastante a los militares con discapacidad por este caudal de fe, alianza y confianza en su país.

 

Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. El problema que nos plantean nuestros socios es que algunas Administraciones no les reconocen como personas con discapacidad al no tener el certificado expedido por el Centro de Valoración y Orientación dependiente de las Comunidades Autónomas, ¿hay previsto algún mecanismo por el cual la Administración Pública pueda expedir un certificado que reconozca al pensionista de clases pasivas retirado por incapacidad permanente la condición de persona con discapacidad?

 

He aquí un asunto que debería ser un falso problema. Legal y reglamentariamente está resuelto, y las complicaciones que se producen vienen exclusivamente de malas prácticas administrativas, que hay que denunciar. A todos los efectos, y enfatizo, a todos los efectos, la situación de la que habla se equipara con el reconocimiento oficial de la situación de discapacidad; hay una asimilación legal, por ministerio de la Ley, como se dice en Derecho. Como lo quiere la Ley, no hace falta nada más, opera automáticamente. Con la resolución de clases pasivas, basta y sobra para acceder a todos los apoyos, prestaciones y recursos a los que da pie alcanzar el grado del 33 % de discapacidad. Es cierto que hay resistencias, de instancias públicas y de funcionarios que ha jurado y prometido cumplir la Ley, y que la maltratan y violentan, cuando niegan esa equiparación. Ejerzamos ese derecho y denunciemos las desviaciones.

 

Para concluir, desde su punto de vista, ¿qué aporta ACIME al movimiento de la discapacidad?

 

ACIME y las personas que la componen son un decantado de lo mejor de los Ejércitos. Insertar esa corriente en el movimiento social global de la discapacidad, no solo ha ensanchado nuestra base social sino que ha ampliado nuestros horizontes. Gracias a ACIME, somos más y mejores.

 

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