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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

sábado, 28 de octubre de 2017cermi.es semanal Nº 276

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre Discapacidad

“Me parece paradójico que diez años después de la aprobación de la Convención sobre Discapacidad no hayamos sabido revertir esta situación estructural de discriminación”

20/10/2017

Redacción - Imágenes: Jorge Villa

Como persona con discapacidad, como activista y como persona comprometida, Jesús desea poner su conocimiento a favor de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación y de la aplicación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, para que “este tratado tan revolucionario trasmine a todos los espacios públicos y privados de la sociedad española”, asevera. Por todo ello y mucho más, Jesús Martín Blanco superó un estricto proceso de selección y asume finalmente una responsabilidad que le apasiona, la lucha por los derechos humanos y en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre DiscapacidadEn una primera valoración, aunque apenas ha tenido tiempo de estrenarse en su nueva responsabilidad, ¿cómo valora la aplicación realizada en nuestro país de la Convención de la ONU sobre Discapacidad?
 
El CERMI, como plataforma de acción y de incidencia y como plataforma de representación de las personas con discapacidad y sus familias, tiene un trabajo muy importante, no en vano el propio Gobierno de España lo ha designado como organismo independiente para velar por el buen cumplimiento de la Convención en nuestro país. Me parece paradójico que diez años después de su aprobación no hayamos sabido revertir esta situación de discriminación, de no igualdad, que ya propugna este tratado. Debemos ser capaces de abolir ese castigo que sigue condenándonos como personas por ser distintas. Somos cuatro millones de personas en España con discapacidad, doce millones si sumamos a las familias, porque la discapacidad es una circunstancia que irradia a este entorno más cercano y esta situación de exclusión sigue teniendo un carácter estructural, sistemático. El CERMI, y esta delegación, se va a empeñar muy mucho en revertir y reformular esta situación para que esta visión de derechos que invoca esta Convención esté asumida, y que los modelos rehabilitadores y asistencialistas se superen, que las personas con discapacidad no somos objetos, somos sujetos de derechos y sujetos con derechos. 
 
"Las personas con discapacidad no somos objetos, somos sujetos de derechos y sujetos con derechos"
 
 
Y quiero estar muy cerca de las voces de las asociaciones que representan a las diferentes realidades de mujeres y hombres con discapacidad, porque de ahí vamos a sacar mucho conocimiento acerca de sus demandas e intereses. También de los CERMIS Autonómicos, porque esta Convención tiene que trasminar a los propios territorios y las comunidades autónomas y los ayuntamientos también tienen que hacer cumplir este mandato en sus normativas y en las políticas públicas que emprenda. 
 
Entre las vulneraciones que el CERMI recoge e insiste en denunciar, se encuentra ese derecho al voto que no pueden disfrutar al menos 100.000 personas con discapacidad en nuestro país, ¿cree que ha llegado el momento de acabar con esta discriminación?
 
Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre DiscapacidadEs una de las tareas que tengo encomendada como delegado y que vamos a trabajar desde el CERMI y como movimiento asociativo. Hay que reformar y adecuar la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) a este tratado, de lo contrario estamos infringiendo, como Estado, como sociedad, en una flagrante vulneración de derechos. Creo que nunca se debe proteger limitando o restringiendo, si existe esta preocupación por parte de operadores jurídicos, por parte de la sociedad, de que estas personas puedan ser manipuladas, lo que deberemos establecer son formas de apoyo en el proceso de toma de decisiones, eso es muy importante. Debemos superar ese modelo proteccionista, debemos reformularlo pues proteger no es apartar, proteger debe ser apoyar y es fundamental la participación de la persona, que la persona sea protagonista de su vida y de sus decisiones, no sustituir a la persona, tenemos que apoyarla y empoderarla. No hay que penalizar, una vez más, a las personas con discapacidad que somos quienes nos quedamos sin este derecho a sufragio, un derecho civil y político que recoge la declaración de derechos humanos y que en este país se está vulnerando en el año 2017. Lo que hay que penalizar es a esas personas que inciden en la manipulación.
 
"Como ciudadano español me sorprende que se articulen normas y luego la propia Administración las incumpla, me parece absolutamente paradójico y deleznable"
 
10 años de Convención son muchos pero al mismo tiempo pueden ser pocos para los grandes cambios que implica la aplicación de la Convención, sobre todo si ocurre algo muy común en este país, que cuenta con una legislación amplia en discapacidad aunque mucho incumplimiento, ¿cómo logramos un avance en este sentido?
 
Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre DiscapacidadQuiero reseñar de nuevo una idea, como ciudadano español me sorprende que se articulen normas y luego la propia Administración las incumpla, me parece absolutamente paradójico y deleznable y una vez más le doy las gracias a un movimiento de la sociedad civil estructurado, cohesionado, que sirve de voz y de altavoz a las personas que en muchos casos las tenemos silenciada. Gracias a actores como el CERMI, los CERMIS Autonómicos y a todas las entidades miembro, podemos decirle al Gobierno, mediante incidencia política, que esa ley tiene que cumplirse, que existen plazos muy dilatados, una justicia tan dilatada, no es justicia. Las normas son instrumentos para la convivencia, si hemos sabido construir normas para que las personas con discapacidad podamos vivir en condiciones de igualdad, no discriminación e inclusión, tenemos que cumplirlas y la Administración debe ser un ejemplo y un catalizador de ese articulado que recogen esas normas.
 
Desde la sociedad civil organizada, nuestra labor es de incidencia, es de acción y, por supuesto, es de denuncia. Cuando haya incumplimientos y los plazos se hayan agotado, hay que denunciar, o de lo contrario estamos fallando a nuestro mandato como sociedad civil, que son los derechos de las personas con discapacidad.
 
En cuanto a la aplicación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, ¿cómo está España respecto a otros países?
 
Es una de las cosas que estoy analizando ahora y me reúno en Bruselas muy pronto para conocer más datos. Ahora mismo no tengo datos suficientes pero en el próximo Informe España 2018 quiero hacer un análisis del propio país, saber cómo ha cambiado la foto de los derechos humanos en nuestro país. Luego miraremos el espejo de otros países, pero por ejemplo, en materia de educación inclusiva, Portugal, un país más pequeño y con un PIB menor, en temas de educación solo tienen el 2% de personas con discapacidad en educación segregada y nosotros tenemos un 20% todavía. Aquí debemos seguir ese modelo.
 
"Hay que exigir que se cumpla el derecho a decidir sobre la propia vida, la sexualidad es la esfera más íntima de la integridad de una persona"
 
Además de la educación inclusiva, que siempre aparece en los informes como una clara vulneración de la Convención, hay que hablar de la esterilización forzosa, que ha merecido denunciadas de manera repetida por parte del CERMI, ¿qué queda por hacer para terminar con esta realidad en nuestro país?
 
Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre DiscapacidadEs un hecho injustificable desde la perspectiva de los derechos humanos, deleznable. Se considera inadmisible a la luz de este tratado, es una forma de violencia contra las mujeres y creo que hay que exigir que se cumpla el derecho a decidir sobre la propia vida, la sexualidad, es la esfera más íntima de la integridad de una persona. Cuando esta sociedad comprenda que las niñas y las mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas, estaremos concediéndoles el derecho a ser ellas mismas. Es una cuestión que responde casi a mandatos del medievo. Cuando leo el informe de estos años y todavía veo denuncias de este tipo y que nuestro ordenamiento jurídico permita la esterilización forzosa, me retrotraigo a países remotos no democráticos y con vulneraciones sistemáticas de derechos o a épocas muy pasadas, muy superadas en nuestro Estado. 
 
Hablando de la violencia contra la mujer, el Pacto contra la violencia aprobado hace unas semanas reconoce la necesidad de atender a las mujeres con discapacidad.
 
Sí, ahí estuvo Ana Peláez, con la Fundación CERMI Mujeres, que ha hecho un trabajo de explicación y de pedagogía, por una parte para hacer entender a legisladores y actores de poder que la mujer con discapacidad es un colectivo más vulnerable ante la violencia de género y, por otra parte, para señalar que esta violencia machista y estructural que hay en nuestro sistema, produce discapacidad a las mujeres. La Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio debe ser capaz de empezar a incluir dentro de sus informes y estadísticas la variable discapacidad, si no lo haremos nosotros, pero creo que es una labor del Gobierno ver que dentro de esta diversidad de género, entre las mujeres hay un colectivo, con discapacidad, que están silenciadas y son más vulnerables, a la que hay que atender con recursos específicos y accesibles, para que ellas puedan denunciar en igualdad de condiciones. Tenemos que ser capaces como sociedad, también, de revertir esta violencia machista, esta violencia estructural contra las mujeres, en el ámbito de la discapacidad.
 
"Soy más partidario de hablar de una Sociedad de Justicia, término acuñado por la filósofa Adela Cortina, porque el Bienestar es más subjetivo y la Justicia supone equidad"
 
Otra de las líneas de trabajo, y que recientemente mereció la celebración de una mesa de debate en esta publicación, es la reclamación del CERMI para que los derechos sociales sean reconocidos como fundamentales en la Constitución, ¿será posible abordar esa tarea?
 
Parece ser que hay intención de abrir el melón de la Constitución a partir del tema territorial. El CERMI, la delegación y el movimiento asociativo de la discapacidad, debemos estar vigilantes porque es una oportunidad para actualizar, en primer lugar, la visión de las personas con discapacidad y que no aparezca más el término 'minusválido' y, por otra parte, los derechos sociales deben ser derechos fundamentales, porque de esta manera tenemos un instrumento muy potente para que no se vulneren. Como sociedad que se dice del Bienestar, aunque soy más partidario de hablar de una Sociedad de Justicia, término acuñado por la filósofa Adela Cortina, porque el Bienestar es más subjetivo y la Justicia supone equidad, si conseguimos que esos derechos sociales estén blindados como derechos fundamentales, seremos una sociedad mejor y más inclusiva para las personas que estamos en una situación de mayor desamparo o vulnerabilidad.
 
¿Existe un clima favorable y conciencia política para apoyar esta aspiración?
 
Jesús Martín Blanco, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre DiscapacidadCreo que la nueva configuración parlamentaria es permeable a esta demanda, tendremos que prepara muchos documentos y argumentarios, y hacer mucha pedagogía, pero en líneas generales, creo que puede ser factible, deseable. Sería muy triste perder esta oportunidad, como sociedad, como Parlamento. 
 
¿El término ‘discapacidad’ sería entonces el que ocuparía el espacio normativo en caso de reforma?
 
La Convención habla de la toma de conciencia, que es hacer pedagogía, es difundir el espíritu de la Convención a todos los espacios, y la terminología y el lenguaje, nuestras palabras van a generar conciencia, van a transformar la sociedad. Es importante que todo nuestro movimiento asociativo, las personas que nos apoyan, las familias, utilicemos terminología común, la que utiliza la propia Convención, porque así vamos a hacer más fuerza. Por supuesto hay palabras y conceptos que en nuestro imaginario deben estar superados, casi tendríamos que prohibirlas por ley, pero seguiremos dando la batalla. Hay que hacer mucho, en este sentido, en el cambio de concepción hacia este modelo de derechos y en la terminología en el mundo rural. 
 
 Aunque la lista de temas a abordar en su responsabilidad como delegado para la Convención y Derechos Humanos es larga y abundante, ¿tiene alguna prioridad que desee acometer cuanto antes?
 
Una de las labores fundamentales para mí es la comunicación, quiero empeñarme en desterrar modelos anteriores, el modelo médico, rehabilitador, e instaurar e instalar con candado, el modelo social, de derechos, que defiende esta Convención. Además, voy a estar a disposición de las demandas que vengan del Comité de apoyo de la Convención y de las organizaciones a las que pertenece el CERMI. Voy a ser muy beligerante, soy insistente y me voy a empeñar en que existan las menores vulneraciones posibles y que este tratado no sea papel mojado, algo que invoquemos pero sin conocimiento.
 
Otra labor muy importante es dar a conocer esta herramienta o instrumento tan potente, tan revolucionario y vinculante para los Estados, a las propias personas con discapacidad. Tenemos que ser capaces de empoderar, aún más, una labor que nuestro movimiento asociativo asume desde hace muchos años, pero les voy a apoyar mucho en ese sentido para que este tratado lo tengan como un documento de referencia en sus vidas, que sepan denunciar, reclamar.
 
Y tenemos que ser profetas de nuestra propia ideología, las personas con discapacidad en su día a día, con nuestros amigos, familias... debemos llevar este mensaje de inclusión y de derechos, tenemos que hacernos valer, decirles al mundo lo que somos y cómo debemos ser tratados y explicar a los demás qué es una persona con discapacidad, cosas elementales, o qué es la esterilización forzosa, la incapacitación, la inclusión educativa... tenemos esa responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, no podemos encomendar toda esa labor a las organizaciones, que hacen una labor ingente con muy pocos recursos en muchos casos. Debemos ser capaces de hacerlo.
 
"El 4 de diciembre está ahí, no creo que el Estado pueda acometer todas estas cuestiones para una vida completamente accesible, entonces habrá que plantearse cuestiones de denuncia y llegar hasta los tribunales"
 
La campaña del CERMI ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que llama la atención sobre el horizonte temporal que establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 4 de diciembre de 2017, para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, finaliza en apenas un mes, ¿cómo ve el día después al 4 de diciembre?
 
Fueron 17 años los que se le dio al Gobierno para que todos los espacios públicos fueran accesibles y en 17 años no hemos sido capaces. Me pregunto dos cosas, o somos poco importantes como target para las políticas públicas, o no se ha escuchado nuestra voz. Creo que es lo primero. Tras muchos años de incidencia, de lobby, de reuniones, de denuncias, de acciones de comunicación, de una campaña maravillosa de 'Horizonte accesibilidad' que se está emprendiendo desde el CERMI y en la que se ha recabado información muy valiosa, de personas y colectivos, acerca de los incumplimientos en accesibilidad en diferentes espacios, como la cultura, la educación, el transporte... el 4 de diciembre está ahí, no creo que el Estado pueda acometer todas estas cuestiones para una vida completamente accesible para las personas con discapacidad, entonces habrá que plantearse cuestiones de denuncia y llegar hasta los tribunales.
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