Previamente a convertirse en presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, ¿qué relación había tenido con la discapacidad?

 

He tenido una experiencia muy directa, tanto a nivel personal, como por mi profesión, soy maestra, y por la política. A nivel local, fui concejala de Asuntos Sociales y después alcaldesa de Puertollano. Trabajé en todas las políticas que afectan a las personas con discapacidad y, además, tuve un contacto muy directo con todas las entidades que las representan, especialmente con una fundación local, llamada Fuente Agria, que atiende a personas con discapacidad desde la atención temprana hasta que se puedan integrar en el mundo laboral. 

 

Al frente de la Comisión, ¿cuáles han sido las iniciativas y los avances más importantes aprobados?

 

Destaco dos partes. En la parte legislativa, considero que cruzamos un hito importante cuando conseguimos aprobar la ley para erradicar las esterilizaciones forzosas en mujeres con discapacidad. En segundo lugar, he realizado un plan para escuchar a todas las entidades que tuvieran algo que decir y mantener un contacto directo con sus representantes. Por ello, hemos escuchado al CERMI y la mayoría de los colectivos de la discapacidad han comparecido en la Comisión de políticas para la discapacidad. Ha sido una experiencia muy interesante.

 

Estamos trabajando ahora en la ley de Capacitación, que va a ser un hito para las personas con discapacidad porque da una vuelta de 180 grados a conceptos de su vida, como la capacidad jurídica, los trámites diarios que realizan… Va a ser un orgullo haber trabajado desde esta Comisión en estas leyes que tanto afectan a las personas con discapacidad en su vida diaria y que es uno de los hitos más importantes de esta legislatura.

 

Recientemente, el presidente del CERMI planteó al Senado un plan de choque, un “SOS Discapacidad”, para paliar el fuerte impacto de la pandemia entre las personas con discapacidad. ¿Cuál es su opinión? ¿Va a secundar desde el Senado esta petición de ayuda?

 

La pandemia ha afectado de una manera muy dura y dramática a los colectivos más vulnerables, y entre ellos están sin ninguna duda las personas con discapacidad. Desde que la OMS declaró la pandemia, el Gobierno de España ha trabajado para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. El escudo social que ha tratado de impulsar conlleva importantes medidas para la protección de las personas con discapacidad.

 

Voy a poner un ejemplo: se aprobó un fondo especial de 300 millones de euros para prestaciones básicas y para situaciones extraordinarias, que ha tenido que fluir desde el Gobierno de España hasta las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y las comunidades autónomas para atajar lo máximo posible las consecuencias de la pandemia. No se sabe nunca si estos recursos son suficientes, porque su gestión siempre es muy difícil, pero el ánimo fue realizar un plan de choque que pudiera acompañar a los colectivos más vulnerables durante esta pandemia. Se ha tratado de reforzar y mejorar el sistema, reducir listas de espera, tramitar las solicitudes, mejorar condiciones laborales de las personas que trabajan en la atención de los servicios a la dependencia, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo… Creo que se han hecho muchísimas medidas de calado social y que se ha tratado de ayudar a todo el conjunto de la sociedad española.

 

Dentro de este plan de choque, el CERMI también nos demandaba que hubiera una estrategia de vacunación en relación a las personas con discapacidad. Creo que la mejor medida es que aumente diariamente el número de dosis que se aplican a la población. En este sentido, por ejemplo, ha sido importante que se incluyera a las personas con síndrome de Down mayores de 40 años en la vacunación. Creo que el Gobierno ha sido muy sensible a las demandas del colectivo. Siempre hay que seguir trabajando, mejorando y escuchando para que todas las preocupaciones de los representantes del colectivo lleguen a donde se toman las decisiones. 

 

Otra medida que solicita el CERMI es un nuevo baremo de discapacidad. El actual data del año 1999 y, aparte de no recoger el enfoque que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha quedado bastante desactualizado. ¿Apoya la actualización de este baremo?

 

Hay consenso generalizado. Todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que hay que resolver y actualizar el baremo. El Gobierno está trabajando en ello y hay una propuesta técnica para adecuarlo. Además, hay que centralizarlo con un sistema informático más moderno, de manera que no haya las incongruencias e incoherencias que nos estamos encontrando a la hora de aplicarlo, dependiendo de la ventanilla a la que uno se dirija.

 

Creo que es una reivindicación importantísima y que tiene mucha justicia de fondo. Es importante la modificación del baremo porque, al final, repercutirá en la calidad de vida de las personas, y en los recursos y la atención que merecen.

 

La actualización del artículo 49 de la Constitución –para reforzar la protección de los derechos fundamentales y actualizar la terminología que alude a las personas con discapacidad– se paralizó durante el Estado de Alarma. ¿Espera que el Senado aborde próximamente esta importante cuestión?

 

Hay un compromiso ineludible. Además, de ser una demanda del colectivo y de estar reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es un compromiso del PSOE, que lo incluyó en su programa electoral.

 

Hay que modificarlo. Las estructuras legislativas que tenemos, las leyes que enmarcan nuestra convivencia, tienen la obligación de reconocer la realidad de todas las personas en igualdad. La literatura, las palabras y el lenguaje afectan directamente en la vida de las personas. Modificar el artículo 49 de la Constitución y llamar a las personas y a sus circunstancias con un nombre inclusivo, que nos incluya a todos, es fundamental porque hay que poner énfasis en los derechos y en los deberes de las personas con discapacidad; y la Constitución es la hoja de ruta.

 

Otra petición histórica del movimiento de la discapacidad es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Se estima que hay 100.000 personas atrapadas en un confinamiento perpetuo, al no poder salir de sus viviendas por la falta de accesibilidad de estas. ¿Va a haber novedades en este sentido? ¿Van a poderse asignar parte de los Fondos Europeos que España tiene asignados a garantizar la accesibilidad a estas personas?

 

Esa es la línea que mantiene el Gobierno y en la cual estoy totalmente de acuerdo. Se ha avanzado muchísimo. Cuando fui alcaldesa de Puertollano, hace unos años, ni siquiera las comunidades de vecinos tenían la obligación de aceptar las obras de accesibilidad. Tuvo mucho sentido el cambio legislativo que se dio en 2019 para que, ya directamente, la decisión individual de cada vecino pudiera promover las obras de accesibilidad. Es una cuestión de humanidad y de justicia que las personas puedan entrar y salir de su casa libremente.

 

Tenemos información en la Comisión de que el Consejo de Ministros tiene aprobada la distribución de los fondos europeos a los que hacía referencia, de los cuales 31 millones van a ir destinados a garantizar la accesibilidad universal en nuestro país. Es muy importante que avancemos en que la Ley de propiedad Horizontal permita y no ponga ningún impedimento para que se tomen las decisiones de las inversiones de accesibilidad.

 

Desde su compromiso como feminista, ¿qué acciones va a promover a favor de las mujeres y niñas con discapacidad desde la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado?

 

En primer lugar, tenemos un compromiso desde la Comisión y desde todos los Grupos Parlamentarios de tener en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la visibilidad. Somos conscientes de que si una persona es vulnerable por tener una discapacidad, todavía lo es más si es mujer. 

 

Hay muchas circunstancias que afectan y generan mucha desigualdad y falta de igualdad de oportunidades a las mujeres con discapacidad. Haremos todo lo que podamos aportar en el debate político para mejorar, ayudar e instar a modificar las normas para favorecerlas. Somos una Comisión legislativa, no centramos los recursos, pero desde luego nuestro interés está en promover cuantas actuaciones sean necesarias.

 

Quiero recordar de nuevo el ejemplo que poníamos al inicio de la entrevista con el cambio que hicimos en el Código Civil en relación a erradicar la esterilización forzada. Supuso un gran avance para muchísimas mujeres con discapacidad, que se veían sometidas y sin ser ellas mismas las que decidían sobre su propio cuerpo y su maternidad.

 

Abrir el debate siempre es positivo si vienes buscando a las personas y colectivos que representan a las personas con discapacidad. Además, tuvimos la ocasión de escuchar a una mujer con discapacidad por primera vez en la Comisión de Discapacidad del Senado. Era una ponente que vino con Plena Inclusión y que hizo una intervención en la Comisión. Fue una experiencia emocionante y muy satisfactoria, al comprobar cómo, si se ponen las normas y se abre la mente, podemos vivir todos en democracia y en igualdad de oportunidades.

 

¿Qué otros proyectos va a abordar la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad?

 

Todavía queda más de la mitad de la legislatura y habrá que ver cuáles son las que se impulsan desde el Congreso y el Gobierno. Al final, el Senado es una cámara de segunda lectura. La Comisión está muy abierta al debate y a poder trabajar en las iniciativas que tienen los grupos parlamentarios. Nos queda otra tanda de comparecencias para seguir tomando nota de cuáles son las demandas y los deberes que tiene que hacer esta Comisión para seguir en la tramitación de las leyes que durante la entrevista han aparecido, que son muy importantes para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

 

Todavía nos quedan asuntos pendientes, ya ha pasado la ley de Educación, por ejemplo, priorizando la educación inclusiva, hemos puesto fin a la esterilización forzosa, ahora aprobamos la ley de Capacitación, etc. Tiene que venir también la Ley de Infancia. Hay tanta capacidad legislativa en esas iniciativas para mejorar la integración de las personas con discapacidad, que va a tener mucho movimiento la Comisión.

 

Esa gran actividad es una buena noticia para todos…

 

…Sí, ojalá nos dure mucho este interés legislativo, porque se pueden gestionar mucho los recursos a través de los programas y proyectos, pero la ley es la que da el amparo a las personas con discapacidad, el marco que nos coloca en situación de igualdad en derechos y deberes. 

 

Las leyes que salen del Congreso y el Senado son las que finalmente nos hacen más iguales y mejoran nuestra democracia, y eso sería imposible hoy en día sin la participación en este caso el CERMI, que representa a todos los colectivos y que, quiero ponerlo en valor, está pendiente de cada coma, de cada punto, de cada palabra que tiene que ver con el marco legislativo para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Creo que es un trabajo muy importante para la vida real de la gente.

 

¿Cree que ha habido un cambio sobre la valoración de la discapacidad en la política? 

 

Sí. Tengo la sensación de que ha habido un giro en los últimos años y hemos pasado de trabajar para asistir a las personas con discapacidad a hacerlo para que la integración sea plena y real. No solo por un objetivo de atención o asistencial, sino porque todos juntos somos mejores y sumamos mucho más. 

 

Todas las personas de este país, hombres y mujeres, si participamos y estamos juntos, somos mucho mejores. Siento mucho esa visión, la llevo interiorizada y, por suerte, muchas de las personas que trabajan conmigo en esta comisión y compañeros en el Senado comparten esta idea, que juntos construimos más y que la segregación resta a la sociedad.